Tras casi once horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

La iniciativa fue sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, junto al acompañamiento de gobernadores de provincias con actividad minera. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas denunciaron que la reforma responde a intereses del sector minero y advirtieron sobre sus posibles consecuencias.

El cambio central de la norma redefine el alcance de la protección ambiental: a partir de ahora, solo quedarán bajo tutela legal aquellos glaciares y zonas periglaciares que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Esta modificación implica que numerosas formaciones de hielo de menor escala podrían quedar excluidas de la protección vigente, lo que habilitaría el avance de proyectos extractivos.

En ese sentido, los bloques opositores sostuvieron que la reforma debilita el resguardo de reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. También remarcaron que la legislación vigente ya había sido validada por la Corte Suprema y que no presentaba vacíos legales que justificaran su modificación.

Mientras se desarrollaba la sesión, en las afueras del Congreso se registraron incidentes en el marco de una movilización convocada bajo la consigna “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que fue contenida por un fuerte operativo de seguridad.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Paluc, defendió el proceso previo al tratamiento del proyecto y calificó como “histórica” la instancia de participación ciudadana. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la metodología utilizada y denunciaron irregularidades en la audiencia pública.

La diputada Sabrina Selva calificó ese proceso como una “farsa” y afirmó que la modificación “no es aclaratoria porque la ley actualmente no tiene vacíos legales”. Además, advirtió que permitir que las provincias definan criterios sobre el impacto hídrico podría derivar en decisiones basadas en intereses políticos y no científicos.

Desde otros bloques también se manifestaron críticas. Myriam Bregman señaló que el objetivo de la reforma es avanzar en “un saqueo rápido”, mientras que Germán Martínez planteó la necesidad de evitar “falsas antinomias” entre desarrollo productivo y protección ambiental. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto consideró que se trata de “un retroceso” y alertó sobre un “camino peligroso”.

A lo largo de la sesión también se plantearon otras tensiones políticas, con intentos de la oposición de instalar temas sensibles para el Gobierno, como pedidos de interpelación y cuestionamientos vinculados a funcionarios nacionales.

Con la sanción en Diputados, la reforma abre un nuevo escenario de conflicto político, judicial y ambiental, con organizaciones y sectores opositores que ya anticipan presentaciones ante la Justicia para frenar la aplicación de los cambios.