La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que se abrió un sumario interno contra el policía que detuvo a un camarógrafo del canal A24 en las inmediaciones del Congreso de la Nacion Argentina, en el marco de una manifestación contra las modificaciones a la Ley de Glaciares. Además, tomó distancia del operativo de seguridad desplegado ese día.

Según explicó, mantuvo diálogo con el Secretario de Seguridad y señaló que el jefe de Policía observó una conducta “reprochable” por parte del uniformado. “Ya se abrió un sumario porque el jefe de Policía ha observado que ha tenido una conducta reprochable”, sostuvo. También remarcó que no ocupa actualmente el cargo de ministra de Seguridad y se desligó de la organización del operativo.

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El episodio ocurrió cuando un grupo de activistas intentó realizar una intervención en el Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Senado. De acuerdo con lo informado, una docena de manifestantes ingresó al perímetro del Palacio Legislativo y fue detenida por personal de seguridad tras desplegar carteles en las escalinatas.

La organización ambientalista Greenpeace confirmó que doce de sus activistas participaron de la acción, que definieron como “pacífica y simbólica”, y cuestionó las detenciones. Según indicaron, la protesta buscó advertir sobre el impacto que, a su entender, podría tener la modificación de la normativa sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.

Desde la organización señalaron que el proyecto en debate implicaría cambios en los presupuestos mínimos de protección vigentes desde hace más de quince años, redefiniendo el alcance de las áreas protegidas y trasladando determinadas definiciones a las provincias. También expresaron preocupación por la posibilidad de que la norma introduzca mayor discrecionalidad en la toma de decisiones.

Fuentes vinculadas a Greenpeace informaron que las doce personas detenidas fueron trasladadas a distintas dependencias policiales. Nueve mujeres fueron derivadas a una comisaría vecinal, mientras que los tres hombres fueron llevados a otra dependencia de la ciudad.

El caso reavivó el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y la protección del trabajo periodístico en contextos de protesta social, en medio de una discusión parlamentaria sensible sobre la gestión de recursos estratégicos como el agua.