La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio que impacta sobre monotributistas de todo el país y podría alcanzar a unos 4.880.000 contribuyentes. En algunos casos, quienes abonaban cerca de 40.000 pesos mensuales pasarían a pagar hasta 570.000 pesos, según denuncian asociaciones y profesionales en materia tributaria.

La medida se implementó a través del envío masivo de correos electrónicos en los que se informa el cambio de categoría sin instancia previa de notificación personalizada. El criterio utilizado toma en cuenta la totalidad de los depósitos bancarios y consumos registrados en cuentas y billeteras virtuales, sin distinguir el origen de esos movimientos ni determinar si corresponden efectivamente a ingresos gravados por la actividad económica declarada.

Especialistas sostienen que el problema central radica en equiparar movimientos financieros con incremento de facturación. Un préstamo familiar, la venta de un vehículo o la recepción de un regalo pueden generar acreditaciones en una cuenta sin que ello implique un aumento en los ingresos anuales. Del mismo modo, un gasto puntual realizado con ahorros acumulados puede disparar un nivel de consumo que no refleja mayor capacidad contributiva.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el consejero Javier Peralta cuestionó que el organismo invierta la carga de la prueba, al presumir que todo ingreso o consumo representa mayor facturación anual. Además, advirtió que la recategorización se produce antes de las presentaciones de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales, instancias en las que muchos de esos movimientos suelen quedar debidamente justificados.

Otro punto crítico es el plazo de 15 días para presentar el descargo. El término comienza a correr aun cuando el contribuyente no haya abierto la notificación. Si no se responde en tiempo y forma, la nueva categoría queda firme de manera automática. Para pequeños trabajadores independientes que no cuentan con asesoramiento contable permanente, ese margen resulta exiguo frente a una decisión que puede multiplicar por más de diez el monto mensual a pagar.

En el caso de los monotributistas sociales, el impacto podría ser todavía mayor. Si son excluidos del régimen simplificado y pasan al régimen general, pierden la cobertura de obra social y deben gestionar una nueva afiliación, en un contexto de creciente dificultad para acceder a servicios de salud.

La controversia se amplifica en medio de un escenario económico complejo, marcado por la caída del consumo y la volatilidad de precios. El 85 por ciento de los monotributistas se concentra en las categorías más bajas del régimen, lo que evidencia que se trata mayoritariamente de trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales con ingresos limitados.

En el Congreso, legisladores de la oposición presentaron un proyecto para suspender por 180 días las recategorizaciones automáticas. Argumentan que, en un contexto de alta inflación, los parámetros nominales pueden distorsionar la capacidad contributiva real y provocar saltos de categoría que no reflejan mejoras efectivas en los ingresos.

Mientras tanto, miles de contribuyentes enfrentan incertidumbre respecto del monto que deberán abonar en los próximos meses y cuestionan la metodología aplicada por el organismo recaudador. La discusión ya excede lo técnico y se instaló en el plano político, con críticas que apuntan a una presión fiscal concentrada sobre los sectores más pequeños del sistema tributario.