Este lunes comienza el segundo período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderá hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como eje central de la agenda del Gobierno. Aunque el temario incluye otros proyectos, la iniciativa que impulsa la Casa Rosada para flexibilizar el mercado de trabajo concentra el mayor nivel de tensión política y será debatida el 11 de febrero en el Senado, donde ya cuenta con dictamen.

Durante las últimas semanas, sectores de la oposición y la Confederación General del Trabajo intentaron bloquear el avance de la reforma, pero el rechazo se mantiene en 28 votos y enfrenta el riesgo de fracturas internas. Las negociaciones no giran en torno al impacto sobre los derechos laborales, sino sobre el efecto fiscal que tendrá el proyecto, en particular la reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que implicaría una fuerte caída de la recaudación y una pérdida estimada de 1,7 billones de pesos para las provincias en 2026.

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En ese contexto, el Gobierno sumó al temario la baja de la edad de imputabilidad, una discusión que se instaló con fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón y que permitió desplazar el foco del debate público. La iniciativa abrió además una interna dentro del oficialismo, con diferencias entre Patricia Bullrich y Martín Menem sobre el alcance de la reforma del régimen penal juvenil y la edad mínima que debería establecerse.

Mientras tanto, los gobernadores comenzaron a articular conversaciones reservadas ante la falta de garantías de compensación por las pérdidas fiscales. Desde el Ejecutivo nacional dejaron trascender que cualquier ayuda quedará supeditada al acompañamiento legislativo, una postura que generó malestar y reactivó la posibilidad de reclamos conjuntos en el Consejo Federal de Inversiones.

La agenda de extraordinarias también incluye el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares, previstas para el mismo 11 de febrero, en medio de fuertes críticas de organizaciones ambientalistas que advierten un retroceso en la protección ambiental. En cambio, el acuerdo Unión Europea–Mercosur no tendría condiciones políticas ni técnicas para ser debatido en este período.

Con un escenario fragmentado y márgenes cada vez más estrechos para la oposición, las próximas semanas serán decisivas para definir si el oficialismo logra avanzar con su reforma laboral o si el debate deriva en cambios sustanciales y futuras impugnaciones judiciales.