Los movimientos internos en el bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado amenazan con complicar el reinicio de las sesiones extraordinarias. La intervención del PJ en Jujuy resolvió suspender la afiliación de la senadora Carolina Moisés y de más de 300 dirigentes por “grave inconducta partidaria”, una decisión que tuvo impacto inmediato en la Cámara alta.

Tras conocerse la medida, Moisés mantuvo conversaciones con sus cuatro compañeros del subbloque Convicción Federal y acordaron reunirse el próximo martes para evaluar una posible salida del interbloque Popular que conduce José Mayans. De concretarse, el peronismo podría perder cinco bancas y reducir su peso político en un momento clave: el inminente debate de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

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La resolución, firmada por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, otorgó a Moisés, a los ex titulares del PJ jujeño Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, y a un extenso listado de afiliados, un plazo de 72 horas para presentar su descargo. Los sancionados adelantaron que harán uso de esa instancia y calificaron la medida como una “arbitrariedad”.

En busca de respaldo político, la senadora jujeña se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y aseguró haber recibido apoyo del riojano Ricardo Quintela. Sáenz fue uno de los más críticos con la intervención y denunció una “dictadura de pensamiento” dentro del PJ, al considerar que se castiga a quienes disienten de la línea que baja desde Buenos Aires.

La sanción se inscribe en una disputa de fondo entre la conducción histórica del peronismo jujeño —más proclive a acuerdos con los oficialismos— y la estrategia de oposición cerrada que impulsa el PJ nacional. Desde la intervención se acusa a Moisés y a otros dirigentes de no haber acompañado las listas oficiales en las elecciones provinciales y nacionales de 2025, en las que el peronismo obtuvo un magro resultado.

Más allá de la interna partidaria, el conflicto amenaza con trasladarse de lleno al Congreso. Moisés responsabilizó a José Mayans, quien quedó al frente del PJ nacional tras la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, y planteó a su subbloque la necesidad de romper definitivamente con el interbloque peronista. Si eso ocurre, el bloque pasaría de 28 a 23 senadores, una merma significativa en la antesala del tratamiento de la reforma laboral.

Aunque no se habló directamente de la sesión prevista para el 11 de febrero, quedó claro que el posicionamiento del subbloque se definirá en diálogo con los gobernadores antes que con la conducción del PJ en el Senado. El episodio vuelve a exponer las tensiones internas del peronismo, que ya se habían manifestado a fines del año pasado, cuando algunos de estos senadores votaron a favor del Presupuesto 2026 pese al rechazo mayoritario del bloque.