El canciller Pablo Quirno instruyó de manera verbal a la Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería para que elabore un dictamen que permita eludir al Congreso Nacional en el ingreso de la Argentina al Board of Peace, el organismo internacional creado por el presidente estadounidense Donald Trump. La orden apunta a evitar el tratamiento parlamentario pese a que la Constitución establece de forma expresa que este tipo de compromisos internacionales deben contar con aprobación legislativa.

La decisión se conoció luego de que el presidente Javier Milei firmara en Davos el acta inicial de adhesión al Board, un espacio presentado como una instancia de “paz”, pero que tendrá injerencia directa en zonas de conflicto armado, comenzando por la Franja de Gaza. La participación argentina implicaría responsabilidades internacionales, incluso en escenarios con riesgo militar, sin debate ni aval del Congreso.

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución es categórico al señalar que corresponde al Congreso aprobar o rechazar tratados con otros Estados u organismos internacionales. Especialistas en derecho constitucional remarcan que no existe posibilidad legal de asumir compromisos de esta naturaleza sin la intervención del Poder Legislativo, más aún cuando se trata de organismos con capacidad de decisión en conflictos armados.

La firma de Milei se produjo en un contexto diplomático particular. El Board of Peace fue rechazado por la mayor parte de los países centrales de Occidente: no participaron la Unión Europea, Canadá, Brasil, México ni los principales actores del sistema internacional. De Europa, solo estuvo presente Hungría, mientras que América Latina quedó representada únicamente por Argentina y Paraguay, cuyos presidentes fueron señalados como los aliados más fieles de Trump.

En la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Davos, Trump se reservó un rol central y absoluto. Se autodesignó presidente del organismo, retuvo el poder de decisión sobre los fondos y la admisión de miembros, y presentó como junta ejecutiva a figuras de su máxima confianza, entre ellas su yerno Jared Kushner, sin cargo formal en el gobierno estadounidense. El formato reforzó las críticas que describen al Board como una estructura vertical, más cercana a un directorio empresarial que a un organismo multilateral.

La desconfianza internacional se profundizó porque el Board es visto como una suerte de ONU paralela, sin los mecanismos de deliberación ni los estándares de derechos humanos que rigen en Naciones Unidas. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron que el nuevo espacio busca eludir los controles multilaterales y concentrar poder en manos de Estados Unidos.

En la Casa Rosada admiten además que la Argentina no aportará los mil millones de dólares necesarios para ser miembro pleno del organismo, por lo que ingresaría con una membresía limitada por tres años, una condición que refuerza la idea de jerarquías internas y países de primera y segunda categoría.

Pese a las implicancias políticas, jurídicas y geopolíticas, la estrategia del Gobierno es clara: avanzar sin enviar el acuerdo al Congreso. La orden de Milei y Quirno es esquivar el debate parlamentario y cerrar la adhesión por vía administrativa, aun cuando el tema promete generar una fuerte controversia institucional si finalmente llega a las Cámaras.