El Gobierno nacional oficializó los nuevos requisitos para acceder a los subsidios en las tarifas de luz y gas, en el marco del ajuste del esquema energético. A partir de ahora, las personas que quieran mantener el beneficio deberán completar obligatoriamente una declaración jurada y actualizar sus datos, bajo riesgo de perder el subsidio.

La medida, diseñada por el Ministerio de Economía, unifica los criterios para los servicios de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas. El nuevo esquema elimina la segmentación previa y establece una única clasificación de usuarios residenciales, que quedarán encuadrados únicamente como “con subsidio” o “sin subsidio”.

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Para ingresar al régimen, los hogares deberán demostrar ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar tipo 2, lo que representa alrededor de 3.900.000 pesos según los últimos datos del INDEC. Quienes cumplan con este requisito quedarán inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

También podrán acceder al beneficio los hogares que cuenten con al menos una persona titular del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad. En estos casos, el ingreso no será el único criterio considerado.

Asimismo, quienes reciban algún tipo de ayuda económica para los servicios energéticos serán incorporados a un sistema específico denominado Subsidios Energéticos Focalizados, destinado exclusivamente a hogares que cumplan con parámetros definidos de ingresos y condiciones sociales.

La normativa establece una serie de exclusiones vinculadas a la capacidad económica. Quedarán fuera del régimen los hogares que posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que exista una persona con Certificado Único de Discapacidad. También se excluirá a quienes tengan tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios a nombre de alguno de sus integrantes.

Estos criterios fueron detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial. La detección de cualquiera de estos indicadores en un integrante del grupo familiar podrá derivar en el rechazo de la solicitud o en la exclusión del subsidio, incluso si se cumplen los límites de ingresos establecidos.

El nuevo registro se conformará inicialmente con los datos existentes del sistema anterior, el RASE. No obstante, la autoridad de aplicación podrá utilizar indicadores patrimoniales y de exteriorización de bienes para evaluar la real capacidad de pago de los solicitantes.

El proceso de análisis también incorporará criterios de ubicación geográfica de la vivienda, con el objetivo de verificar la veracidad de la información declarada. De esta manera, el Gobierno avanza en un esquema más restrictivo que busca reducir el universo de hogares subsidiados y trasladar el impacto del costo energético a los usuarios que considere con mayor capacidad económica.