Contrario a su promesa de reducir la asistencia estatal, el gobierno de Javier Milei mantuvo e incluso fortaleció los planes sociales durante sus primeros años de gestión. En un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y empleo formal, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar se consolidaron como el ancla de ingresos para los sectores más vulnerables.

Durante su exposición en el foro económico de Davos, el Presidente afirmó que su gestión no “regala el pescado”, sino que enseña a pescar. Sin embargo, en la práctica, las transferencias sociales fueron las únicas partidas que lograron crecer en términos reales. Este dato resulta central para comprender por qué, pese a la magnitud del ajuste, no se registraron estallidos sociales de gran escala.

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Lejos de la narrativa oficial sobre el “fin de los planes”, el presupuesto social muestra que la asistencia directa a los hogares de menores recursos avanzó de forma sostenida, tanto en cantidad de beneficiarios como en capacidad de compra. Según datos oficiales, la AUH alcanza actualmente a 4.121.245 titulares, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niñas y niños.

En conjunto, el sistema supera los seis millones de planes sociales, una cifra récord que refleja un creciente nivel de dependencia de las transferencias estatales. Además, los indicadores de evolución real confirman que tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se ubicaron de manera consistente por encima de la inflación, en marcado contraste con el resto de los ingresos.

La política de ingresos destinada a la infancia alcanzó valores históricamente altos en términos reales. Actualmente, la AUH es un 23% superior a la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández y un 10% mayor que la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el programa fue creado.

La mejora se explica por incrementos excepcionales. En la comparación interanual, la AUH mostró una suba real del 47%, y entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 el aumento rondó el 100%, según mediciones oficiales. Esta evolución consolidó a la asistencia social como el principal amortiguador del modelo económico, en un escenario atravesado por el fuerte deterioro salarial tras la devaluación del 120% de diciembre de 2023, cuyos efectos aún persisten.