El Gobierno nacional ingresó al Congreso el proyecto de reforma laboral bajo el argumento de que permitirá generar más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que contradice el diagnóstico oficial: la actividad permanece estancada, el empleo registrado continúa en retroceso y miles de empresas atraviesan serias dificultades para sostener su funcionamiento. La paradoja es clara: se propone flexibilizar el mercado de trabajo en un modelo económico que, hasta ahora, no ha logrado impulsar el crecimiento ni la creación de empleo.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el mercado laboral mostró un deterioro sostenido. Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, ya se destruyeron más de doscientos ochenta mil puestos de trabajo asalariados registrados, con especial impacto en el sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares. A la par, aumentaron el subempleo, la informalidad y el pluriempleo, mientras el salario real se mantiene estancado.

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El proyecto de reforma profundiza cambios ya iniciados con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de 2023 y la Ley Bases. Especialistas y centros de estudio advierten que la iniciativa avanza sobre derechos laborales adquiridos, amplía la discrecionalidad de los empleadores, debilita la negociación colectiva y desfinancia el sistema de seguridad social. Lejos de atacar los problemas estructurales del empleo, la reforma apunta a legalizar formas de precarización ya existentes.

Los propios datos del sector empresario reflejan el difícil escenario económico. Más del veinte por ciento de las empresas redujo personal, crecieron las suspensiones y la reducción de turnos, y la demanda interna aparece como la principal preocupación. A esto se suma el cierre de más de diecinueve mil empresas en los últimos meses, mientras la actividad industrial, uno de los principales motores del empleo registrado, se mantiene estancada y por debajo de los niveles de años anteriores.

Diversos especialistas remarcan que no existe evidencia de que la flexibilización laboral genere empleo por sí sola. La experiencia histórica argentina muestra que, durante períodos de desregulación y reducción de contribuciones patronales, el desempleo y la informalidad aumentaron. En contraste, los momentos de mayor creación de empleo coincidieron con procesos de reactivación económica, fortalecimiento del mercado interno y políticas activas de protección del trabajo.

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la creación obligatoria de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes que hoy se destinan a la seguridad social. De este modo, el Estado asumiría parte de los costos de los despidos, reduciendo recursos para jubilaciones y prestaciones sociales. Además, la iniciativa contempla una baja en los aportes patronales a las obras sociales, lo que implicaría una fuerte transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

La reforma también limita el accionar sindical al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales, restringiendo el derecho a huelga, y promueve la descentralización de la negociación colectiva, privilegiando convenios por empresa o región por sobre los acuerdos sectoriales. Según los especialistas, esto habilita la fijación de salarios más bajos y peores condiciones laborales, en un contexto donde el poder de negociación de los trabajadores ya se encuentra debilitado.

En materia previsional, la reducción de las contribuciones patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social pone en riesgo el financiamiento del sistema jubilatorio. Para algunos analistas, esta estrategia sienta las bases para futuras privatizaciones, replicando esquemas ya conocidos que derivaron en altos costos fiscales y bajos beneficios para los trabajadores.

Mientras tanto, los indicadores de actividad muestran una economía que no cae, pero tampoco avanza. El leve crecimiento registrado en algunos meses se explica principalmente por sectores como intermediación financiera e impuestos, que no generan empleo, mientras los rubros de mayor intensidad laboral siguen en terreno negativo. La mejora macroeconómica, advierten, no se traduce en más trabajo ni mejores ingresos.

En definitiva, detrás del discurso de la “modernización” laboral, distintos analistas coinciden en que la reforma no aborda los problemas centrales del mercado de trabajo argentino. Sin crecimiento sostenido, sin recuperación del consumo y sin un modelo productivo que impulse sectores intensivos en empleo, la flexibilización de derechos no genera trabajo de calidad. Por el contrario, consolida un escenario de precarización, caída salarial y debilitamiento de la seguridad social que amenaza con profundizarse en los próximos años.