Durante las últimas horas, la investigación por la estafa internacional asociada al proyecto cripto $LIBRA sumó un giro inesperado. Una billetera digital que figura con el nombre “Milei” y que sería parte del circuito financiero del fraude transfirió más de US$9 millones hacia otras cuentas anónimas. El movimiento ocurrió apenas horas antes de que la jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, citara a Hayden Davis y a otros acusados a una audiencia destinada a evaluar el congelamiento de esos activos.

Las operaciones, detectadas por el especialista Fernando Molina, encendieron todas las alarmas entre los abogados de las víctimas, que habían solicitado una medida urgente para frenar cualquier intento de desviar fondos. Su preocupación es que la circulación veloz del dinero en distintas plataformas vuelva imposible rastrear su destino final.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

Según el seguimiento realizado por Molina, mientras la resolución judicial era notificada, quedaban pendientes solo US$800 mil de los US$9 millones que habían comenzado a moverse desde la llamada “billetera del gobierno argentino”. La mayor parte de los fondos terminó distribuida en nuevas direcciones, algunas dentro de la red TRON, un ecosistema que Davis no suele utilizar. Este desvío abrió interrogantes sobre quién podría estar detrás de las maniobras.

Davis había asegurado meses atrás que manejaba unos US$100 millones supuestamente destinados a inyectarse en el proyecto $LIBRA, y sostuvo que ese dinero provenía de Argentina y del propio Gobierno. Parte de esos fondos estaba alojada en la billetera “Milei”, que permaneció totalmente inactiva desde febrero hasta el lunes en que se concretó la transferencia millonaria.

La complejidad del esquema aumenta porque las billeteras vinculadas al caso eran de tipo “multisig”, un formato que requiere la aprobación de al menos tres personas para mover dinero, lo que abre la puerta a la participación de otros actores además de Davis.

El caso también tuvo repercusión en informes judiciales previos. En octubre, la jueza Rochon mencionó que algunas pruebas podrían sugerir posibles beneficios para Javier Milei, su hermana Karina y el propio Davis, aunque aclaró que la evidencia aún no era concluyente para acusar formalmente al Gobierno argentino.

En paralelo, en Argentina avanzan investigaciones sobre empresarios relacionados al ecosistema cripto. Entre ellos se encuentran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes mantienen bienes congelados y están bajo la lupa por su presunta conexión con maniobras similares.

El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso profundizó las sospechas. Allí se señaló que el Presidente fue la primera persona en difundir públicamente el número de contrato del proyecto, información que no era de acceso abierto. También se apuntó a flujos de dinero entre Davis, Novelli, Terrones Godoy y otros involucrados que coincidirían con fechas y montos previamente denunciados, en un esquema que habría buscado “monetizar” la imagen presidencial. La Comisión afirmó que su participación fue “imprescindible”.

Además, el organismo legislativo vinculó este caso con otra maniobra detectada en diciembre de 2024 respecto de la moneda digital de KIP Protocol, también promocionada por Milei. Según su análisis, la reiteración de conductas contradice la versión presidencial de desconocimiento sobre los detalles de los proyectos.

El informe, que ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, concluyó que Javier y Karina Milei tienen responsabilidad política en los hechos investigados. También anunció denuncias penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo que, según el documento, obstaculizaron la entrega de información durante la pesquisa parlamentaria.