El Gobierno avanzará en sesiones extraordinarias durante el verano con un conjunto de iniciativas que promete reconfigurar la vida de trabajadores, estudiantes y contribuyentes. Con un Congreso renovado desde el 10 de diciembre, la Casa Rosada busca aprovechar su nuevo peso legislativo para acelerar reformas que generan preocupación por el impacto directo en derechos sociales.

El Consejo de Mayo entregará en diciembre los proyectos de reforma laboral, educativa y tributaria. En el plano del trabajo, el Ejecutivo pretende cambiar criterios de registración, reducir indemnizaciones, recortar licencias y declarar como “esenciales” múltiples actividades, lo que limitaría la capacidad de huelga. Aunque la CGT participa de la discusión, su conducción teme que el paquete signifique un deterioro profundo de la protección laboral en un mercado ya golpeado por la inestabilidad y los bajos salarios.

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En educación, el borrador permitiría que cada escuela defina su propio programa, habilite modalidades domiciliarias y reduzca la presencia del Estado en la regulación del sistema. Docentes y especialistas advierten que esto podría profundizar desigualdades, exponer a miles de chicos a contenidos desparejos y dificultar el acceso a una educación pública de calidad. También se insistirá en declarar la educación básica como servicio esencial, una medida que recorta la posibilidad de protesta frente a recortes o deterioros del sistema educativo.

Otro eje clave será el nuevo Código Penal, que endurece penas para delitos vinculados a protestas sociales, corrupción y barras bravas. Organizaciones de derechos humanos señalan que la iniciativa puede criminalizar manifestaciones públicas y ampliar la discrecionalidad policial, afectando especialmente a quienes reclaman por situaciones de emergencia económica o social. El texto, extenso y complejo, suma cientos de artículos nuevos que cambiarían de manera profunda el marco penal.

El Presupuesto 2026 también encendió alarmas. Aunque prevé aumentos en áreas sensibles como salud, educación y jubilaciones, gobernadores y especialistas advierten que la inflación podría licuarlos rápidamente. Temen, además, que la meta de equilibrio fiscal derive en recortes a programas sociales, fondos para provincias y obras públicas, con un impacto directo en la vida diaria de millones de personas.

Entre las propuestas más polémicas figura la “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, destinada a permitir el uso de dólares informales. El Gobierno sostiene que esto dinamizará la economía, pero economistas y tributaristas alertan que podría premiar a quienes operaron en la informalidad, castigar a los contribuyentes cumplidores y reducir la capacidad del Estado para controlar grandes movimientos financieros. También podría facilitar operaciones sin trazabilidad, encareciendo o complicando transacciones comunes como alquileres o compras de viviendas.

En paralelo, se analiza incluir el acuerdo comercial con Estados Unidos, que implicaría reforzar controles sobre productos pirateados, actualizar normas de propiedad intelectual e intercambiar datos personales con jurisdicción estadounidense. Especialistas advierten que esto generaría mayores costos para pequeñas empresas, nuevas exigencias para consumidores y riesgos concretos en materia de privacidad.

Con un temario cargado y un clima social sensible, el Gobierno apuesta a aprobar reformas profundas a contrarreloj. Mientras tanto, organizaciones sociales, gremios y expertos advierten que muchas de estas medidas podrían impactar de manera directa —y negativa— en la gente común, que ya enfrenta meses de inflación, pérdida de ingresos y un escenario económico incierto.