El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para enfrentar su indagatoria por el denominado Coimagate. Aunque rechazó los hechos que le atribuye el fiscal Franco Picardi, optó por no declarar ni responder preguntas. Se trata del tercer acusado que adopta la misma estrategia de silencio ante una causa que se expande cada día y expone un sistema de corrupción de enorme alcance.

Spagnuolo compareció ante el juez Sebastián Casanello luego de que el magistrado ordenara una ronda de quince declaraciones indagatorias. El fiscal Picardi, en un dictamen extenso, detalló graves irregularidades en la ANDIS durante la gestión libertaria. Allí reconstruyó un circuito de pagos indebidos, direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y maniobras coordinadas entre funcionarios y empresas proveedoras del programa Incluir Salud.

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La causa tomó fuerza tras la filtración de audios en los que se escucha a Spagnuolo describir un sistema de coimas que, según él, terminaba en manos de Karina Milei. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró públicamente que una pericia determinó que esos audios habían sido alterados con inteligencia artificial. Sin embargo, no existe ningún peritaje oficial en la causa que avale esa afirmación.

Con el levantamiento del secreto de sumario se conoció que la fiscalía logró identificar cómo funcionaba la estructura ilegal dentro de la agencia. Según Picardi, la ANDIS operaba como una “ventanilla permanente” de pagos millonarios otorgados por fuera de todo marco legal y con proveedores ligados directamente a los funcionarios que debían controlarlos. Las droguerías involucradas estaban vinculadas al suministro de medicamentos e insumos de alto costo del programa PACBI, del cual, según los audios atribuidos a Spagnuolo, salía un 3 por ciento destinado a la hermana del Presidente.

La investigación apunta a cuatro empresas que habrían recibido sumas millonarias en forma irregular: Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. El fiscal sostiene que Spagnuolo permitió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios para favorecer a estas firmas, obteniendo beneficios económicos personales. En uno de los hechos ya acreditados por la fiscalía se describe la coordinación del pago de cinco millones de pesos con Miguel Ángel Calvete, señalado como un actor central de la asociación ilícita.

Antes de Spagnuolo ya habían sido indagados otros dos acusados, ambos también en silencio. Pablo Atchabahian, ex integrante de la ANDIS durante el macrismo y considerado uno de los jefes paraestatales del esquema, fue detenido y luego llevado a declarar, donde eligió no hablar. Miguel Ángel Calvete, detenido en otra causa y trasladado a Comodoro Py, tampoco declaró. Está vinculado a múltiples droguerías, a empresas proveedoras del PACBI y a millonarias adjudicaciones direccionadas. En un allanamiento realizado en la casa de su hija Ornella, también investigada, se secuestraron cerca de 700.000 dólares en efectivo.

La fiscalía también investiga si Calvete utilizó a Sergio Mastropietro, vinculado a la firma Baires Fly, para blanquear fondos provenientes de la corrupción. Ambos aparecen en registros de visitas al domicilio de Spagnuolo, lo que refuerza la trama de vínculos entre funcionarios, operadores externos y empresas del sector salud.

La causa continuará en los próximos días con una seguidilla de indagatorias que se extenderá hasta diciembre. Entre los citados se encuentran Daniel Garbellini, ex director de Incluir Salud y señalado como otro actor clave del esquema; Eduardo “Pino” González y Lorena Di Giorno, vinculados a contrataciones direccionadas; Roger Grant, señalado como ejecutor directo de instrucciones ilegales; y varios empresarios ligados a las droguerías que habrían cobrado sumas multimillonarias.

También fueron convocados responsables de Profusión, Génesis, New Farma y Floresta, todas firmas beneficiadas con las maniobras investigadas. La lista incluye socios, directivos y operadores que actuaron dentro y fuera del organismo público.

Además de los citados, hay al menos otros ocho acusados que aún no fueron convocados. Entre ellos figuran Sergio Mastropietro, Alan Pocoví y Sebastián Nuner Uner, investigados por presunto lavado de activos y por su rol en la provisión de insumos para la ANDIS. La fiscalía estima que la trama total todavía no está completamente expuesta y que nuevas derivaciones podrían surgir en cualquier momento.

Mientras tanto, la causa ya se consolidó como una de las investigaciones de corrupción más relevantes del gobierno de Milei, con conexiones que alcanzan al más alto nivel político y económico. La decisión de los acusados de guardar silencio no impide que el expediente siga avanzando, respaldado por pruebas documentales, audios, pericias y un complejo entramado de relaciones empresariales y funcionarios involucrados. Según admiten fuentes judiciales, el caso recién empieza.