La causa por presuntas coimas y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo giro político y judicial con la renuncia de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales involucrados en la investigación. La dimisión se produjo luego de una serie de allanamientos en los que se incautaron importantes sumas de dinero y documentación vinculada a la investigación.

Fuentes del Ministerio de Comercio confirmaron que la renuncia se formalizó el jueves pasado. Calvete había sido designada en septiembre como directora de Análisis de Cadenas de Valor por 180 días, un cargo transitorio dentro del Ministerio de Economía. Antes, había ocupado la Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, también con representación en organismos vinculados al área aduanera en Tierra del Fuego. Su nombramiento había sido oficializado en enero de 2024 mediante una decisión administrativa firmada por Guillermo Francos y Luis Caputo.

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Previo a su salida, la Justicia allanó su domicilio y secuestró cerca de USD 700.000, además de otras divisas, documentos y dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la causa. La medida se suma a una serie de operativos que buscan establecer el funcionamiento de una presunta organización delictiva en la adjudicación de insumos de alto costo para personas con discapacidad.

El expediente que investiga el fiscal Franco Picardi incluye intercambios de mensajes que, según trascendió, vinculan a Ornella Calvete con gestiones y favores a empresarios del sector ortopédico. En uno de esos chats, fechado el 10 de septiembre, se menciona la posibilidad de beneficios en retribución por determinadas gestiones, mientras su padre hacía referencia a porcentajes de retornos. La fiscalía afirma que Miguel Ángel Calvete, junto a otros 15 ex funcionarios, integraba una estructura que manipulaba compras de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

Miguel Ángel Calvete, actualmente detenido por una condena previa de 2019 por explotación de la prostitución, fue trasladado este martes a Comodoro Py para ser indagado por su rol en la presunta asociación ilícita que habría defraudado al Estado. Pese a las acusaciones, se negó a declarar ante el juez, sumando tensión a un expediente que sigue generando repercusiones en el Gobierno nacional.