La decisión del Gobierno nacional de aplicar por unas horas retenciones cero a las exportaciones de granos generó un efecto inmediato en la cadena de alimentos. Aunque la medida fue transitoria, su impacto en las góndolas comenzó a sentirse: supermercados de todo el país recibieron nuevas listas con subas de hasta el 7%.

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) lanzaron un comunicado titulado “El supermercadismo argentino pide prudencia”, en el que reclaman la intervención “urgente” del Ejecutivo y advierten sobre “las consecuencias de las actuales condiciones de volatilidad de los mercados”.

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Los empresarios señalaron que hasta ahora habían evitado trasladar los saltos cambiarios para sostener un nivel mínimo de ventas, ya que el consumo arrastra meses de caída. Según datos del Indec, en julio las ventas en supermercados retrocedieron un 2,1% respecto al mes anterior. Con salarios estancados, los bolsillos ajustados dejaron poco margen para nuevas remarcaciones.

Sin embargo, tras la baja temporal de retenciones, los productos derivados de molinos harineros, yerba y aceites fueron los primeros en registrar aumentos, atados directamente al precio internacional del dólar y a la fuerte liquidación de cerealeras, que en apenas dos días ingresaron al mercado más de 7.000 millones de dólares.

“Recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar en defensa de sus clientes, rechazando aumentos especulativos”, expresaron desde las entidades. Aun así, en los pequeños autoservicios reina la incertidumbre: “Si remarcamos se nos caen más las ventas; si no remarcamos, no cubrimos costos. Todo nos empuja a cerrar”, resumió el dueño de un comercio del conurbano.

La situación, advierten, se agrava con la inestabilidad de reglas y precios. “Cambia todo el tiempo, no sabemos cuánto valen las cosas, ni cómo explicárselo a los clientes. Así no se puede sostener ninguna actividad”, agregó un supermercadista del interior.

El malestar del sector se suma a la crítica por el impacto regresivo de la medida: mientras las grandes cerealeras obtuvieron beneficios extraordinarios por unos 1.500 millones de dólares, los consumidores se enfrentan a una nueva escalada en productos básicos.

En su pedido al presidente Javier Milei, CAS y FASA reclamaron medidas inmediatas para defender el poder adquisitivo, impulsar el consumo y la inversión, proteger el empleo y avanzar en cambios impositivos y laborales que den previsibilidad.