El presidente Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría, ambas aprobadas con dos tercios en el Congreso. La decisión generó un fuerte rechazo en el frente universitario y en organizaciones del sector de la salud, que ya preparan movilizaciones y medidas de fuerza.

La norma universitaria establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y becas, además de la obligación de convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes. El gobierno argumentó que carecía de fuentes de financiamiento “suficientes y viables” y advirtió que su aplicación implicaría más emisión e inflación.

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Desde el Congreso, legisladores opositores anticiparon que insistirán con la ley la próxima semana. En paralelo, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes confirmaron la Tercera Marcha Federal Universitaria para el miércoles 17, mientras que los sindicatos de la educación superior convocaron a un paro nacional universitario para el viernes 12 de septiembre.

En tanto, los trabajadores del Hospital Garrahan también anunciaron que impulsarán medidas de acción directa en rechazo al veto de la emergencia pediátrica.

“El gobierno nos obliga a convocar a toda la sociedad para defender no solo a la universidad pública, sino al futuro del país”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA, Laura Carboni advirtió que “desde que asumió este gobierno perdimos un 45% de nuestros salarios y más de 10.000 docentes renunciaron en todo el país”.

Los repudios se multiplicaron en redes sociales y en declaraciones de dirigentes políticos. Mientras tanto, la oposición busca unificar su estrategia parlamentaria frente a lo que ya se anticipa como un nuevo choque entre el Congreso y el Ejecutivo.