El Gobierno Nacional obtuvo un fallo favorable para limitar la difusión de audios vinculados a la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución fue firmada por el juez Patricio Alejandro Maraniello, quien ordenó el cese inmediato de publicaciones en cualquier formato, desde medios gráficos y audiovisuales hasta redes sociales.

La decisión se adoptó luego de que en los audios filtrados apareciera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en conversaciones grabadas en la Casa Rosada. Aunque el material difundido hasta ahora no revela delitos, las versiones periodísticas apuntan a que existiría casi una hora de grabaciones que podrían incomodar al Gobierno.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en redes sociales que no se trata de un caso de libertad de expresión, sino de una “grave violación a la privacidad institucional”. El propio presidente Javier Milei respaldó esa postura al calificar las filtraciones como una “operación de inteligencia ilegal” dirigida a desestabilizar en medio de la campaña electoral.

La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, y recayó en el Juzgado Federal N°12 subrogado por Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. En la presentación, el Gobierno sostuvo que la publicación de las grabaciones constituye un ataque organizado contra una de las figuras centrales del oficialismo.

El episodio escaló aún más cuando la ministra Patricia Bullrich pidió allanar a los periodistas que difundieron los audios —Mauro Federico, Fabián Doman y Jorge Rial— a quienes acusó de colaborar con una operación de tinte político. Esa posición generó un fuerte debate, ya que la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes periodísticas, blindando el derecho a la información.

En su resolución, el juez Maraniello aclaró que no se trata de censura previa, sino de una medida para preservar los “intereses estatales sensibles” que podrían verse comprometidos por la divulgación de las grabaciones. La orden alcanza específicamente a los audios grabados en la Casa Rosada atribuidos a Karina Milei y anunciados el 29 de agosto. Además, dispuso notificar a los medios a través del ENACOM.

La controversia combina denuncias de corrupción, acusaciones de espionaje ilegal y un delicado equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la privacidad institucional, en un contexto electoral en el que cada revelación puede tener un fuerte impacto político.