Las 48 horas posteriores a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires dejaron un sabor amargo en el oficialismo y entre los sectores aliados. Pese a las expectativas de un giro político, el Gobierno de Javier Milei se limitó a crear mesas políticas y a convocar reuniones de Gabinete, sin anunciar cambios de fondo.

La desilusión alcanzó tanto a la oposición dialoguista como a los gobernadores e incluso al propio núcleo duro libertario. En el PRO, los dirigentes que aceptaron asistir a la nueva mesa electoral bonaerense evitaron mostrarse públicamente y criticaron por lo bajo a la conducción libertaria. La reunión no tuvo foto oficial y el comunicado final quedó en manos de Karina Milei y Sebastián Pareja.

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En las provincias, la reacción fue de enojo. Gobernadores como Gustavo Sáenz, de Salta, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, criticaron con dureza la falta de reciprocidad del Gobierno. “La lealtad es una avenida de ida y vuelta. Es muy difícil acompañar cuando no hay gestos”, sostuvo Sáenz, mientras que Pullaro advirtió que la agresividad comunicacional solo aleja a la gente.

Dentro del oficialismo también se abrieron tensiones. Militantes libertarios apuntaron contra la continuidad de los Menem en cargos clave, decisión defendida por Karina Milei. Daniel Parisini, referente cercano a la Casa Rosada, acusó a los principales colaboradores de usar a la secretaria general como “escudo humano” y pidió la salida de Pareja y Eduardo “Lule” Menem.

Mientras tanto, en el PRO crece el desencanto y se empieza a barajar la posibilidad de distanciarse de La Libertad Avanza de cara a 2027. Los gobernadores, por su parte, evalúan no responder al llamado al diálogo que prepara Guillermo Francos, y podrían endurecer su postura en el Congreso.

Pese a la tensión, en la Casa Rosada aseguran que no habrá modificaciones económicas ni políticas de fondo. Milei convocó a una tercera reunión de Gabinete en pocos días, algo inusual para su gestión, pero sin perspectivas de anunciar medidas concretas.

Además, todo indica que el Presidente mantendrá el veto a leyes aprobadas por el Congreso que aumentan fondos para universidades, la emergencia pediátrica y cambios en los ATN e impuestos a los combustibles. Una decisión que, lejos de recomponer, amenaza con profundizar la fractura con el interior del país.