El Congreso decidió acelerar la investigación por el escándalo de la criptomoneda LIBRA, conocido como Criptogate, que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. La comisión investigadora, que había estado paralizada por la resistencia del oficialismo, resolvió citar a la secretaria general de la Presidencia para el 23 o el 30 de septiembre.

Si Karina Milei no se presenta en alguna de esas fechas, los legisladores podrán solicitar la intervención de la Justicia para garantizar su comparecencia mediante la fuerza pública. Como muestra de flexibilidad, se barajó incluso la posibilidad de trasladar la comisión a la Casa Rosada para que declare allí.

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La decisión llegó después de que los primeros funcionarios convocados se negaran a asistir. Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), rechazó recibir la citación y obligó a que el oficial que lo notificaba pegara la nota en la puerta de su despacho. Tampoco se presentó María Florencia Zicavo, exresponsable de la unidad creada para investigar el caso, que nunca entregó un informe final.

Desde la oposición, la diputada Sabrina Selva denunció que “los primeros funcionarios que deberían dar explicaciones son justamente los que tenían la responsabilidad de investigar”. A su vez, la legisladora Mónica Frade insistió en que Melik debería dejar su cargo mientras se resuelve la causa.

En paralelo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibió un pedido formal para que instruya a los funcionarios citados a comparecer. De no hacerlo, la oposición anticipó que usará el mismo mecanismo previsto para Karina Milei: recurrir a la Justicia para que ordene su presencia obligatoria.

La investigación apunta a determinar el rol de la secretaria general de la Presidencia en reuniones con promotores de la criptomoneda y si hubo pagos a cambio de la difusión del token que el propio Milei promocionó en redes sociales el pasado 14 de febrero. Empresarios denunciaron públicamente que la hermana del mandatario cobró una “tarifa” para facilitar el acceso al Presidente.

En la última reunión, el único testimonio que se escuchó fue el de Luis Francisco Villanueva, exsubsecretario de Integración y Transparencia de la OA. “El rol de la OA no fue el que debía haber sido. No se tomó ni una sola declaración testimonial y se ignoraron pruebas claras”, afirmó.

La ausencia de funcionarios y la falta de colaboración oficialista aumentaron la tensión política. Para la oposición, la citación a Karina Milei marca un punto de inflexión en una investigación que amenaza con escalar hacia los tribunales y profundizar la crisis política que atraviesa al gobierno libertario.