El gobierno de Axel Kicillof denunció un presunto complot gestado desde las entrañas de la Policía Bonaerense con la participación activa del excomisario Maximiliano Bondarenko, recientemente postulado como candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la estratégica Tercera Sección Electoral. La revelación sacudió el tablero político y expuso tensiones crecientes entre el Ejecutivo bonaerense y el Ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Patricia Bullrich.

Según Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, al menos 24 oficiales, algunos de ellos de alto rango, fueron desafectados tras detectarse que trabajaban para Bondarenko, ya retirado de la fuerza. En oficinas oficiales y con recursos del Estado, los uniformados diseñaban estrategias políticas, recolectaban información sensible e incluso habrían gestionado financiamiento para la campaña del excomisario, quien también habría mantenido contactos directos con funcionarios nacionales.

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La investigación surgió a partir de una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos tras la oficialización de la candidatura de Bondarenko. Las sospechas fueron confirmadas tras una serie de allanamientos que revelaron computadoras usadas para redactar documentos partidarios y chats con referencias a reuniones con Bullrich, que luego fueron corroboradas por la propia ministra.

“Esto era una estructura paralela, con roles definidos, montada desde adentro de la fuerza para intervenir políticamente, algo que está expresamente prohibido”, sostuvo Alonso, quien también deslizó que algunos agentes podrían haber promovido una intervención de la policía provincial. La situación, comparada con el movimiento de los “Sin Gorra” de los años '90, generó alarma en el Ejecutivo bonaerense.

Desde la Nación, Patricia Bullrich intentó bajarle el tono al escándalo, afirmando que “los echaron por compartir un asado” con Bondarenko, a quien reconoció como colaborador desde hace tiempo. Sin embargo, en sus redes sociales, el ahora candidato exhibe fotos junto a la ministra en actos públicos, lo que debilita la versión de un simple encuentro de camaradería.

En el entorno de Kicillof rechazan de plano esa interpretación. “No es una persecución ni por un asado: los echaron por usar recursos del Estado para hacer política partidaria. Estaban trabajando para atacar la gestión”, explicaron.

Mientras tanto, el caso ya fue judicializado en la justicia provincial. El gobernador, por su parte, eligió la cautela: “Hay normas y leyes que deben respetarse. La investigación está en curso y ya pasó a sede judicial”, expresó durante una actividad en Marcos Paz.

La interna cobra mayor temperatura de cara a las elecciones de septiembre y octubre, donde Kicillof busca retener poder territorial frente a una avanzada libertaria que pretende instalarse como opción fuerte en el conurbano. En ese contexto, el uso de la agenda de seguridad como eje de campaña y herramienta de presión política podría escalar aún más.

La tensión entre la Provincia y la Nación por el control de las fuerzas de seguridad amenaza con convertirse en uno de los conflictos más delicados del año electoral.