La relación entre los gobernadores y el Gobierno nacional se sigue tensando, incluso con aquellos mandatarios provinciales que en distintos momentos mostraron afinidad o colaboración con la gestión de Javier Milei. Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) salieron en las últimas horas a criticar públicamente el abandono de la obra pública, en especial el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios.

El punto de mayor enojo está en el reclamo por los fondos que el Ministerio de Economía retiene, a pesar de que ya obtuvieron media sanción en el Senado los proyectos de ley para distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. La Rosada, sin embargo, descartó una reunión formal con los mandatarios durante la inauguración de la Exposición Rural este jueves, evento que había sido promocionado como escenario para un posible acercamiento entre las partes.

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El gobernador santafesino Pullaro, uno de los más vehementes, ordenó la instalación de carteles que marcan el límite de responsabilidad entre rutas provinciales y nacionales, denunciando así el mal estado de estas últimas. “Me da vergüenza que los santafesinos piensen que esas rutas son responsabilidad nuestra”, expresó.

Desde Córdoba, el ministro de Gobierno Manuel Calvo advirtió que “la situación es crítica y pone en riesgo la seguridad de los cordobeses”, y remarcó que el Gobierno provincial debió tomar decisiones ante la ausencia de Nación. Llaryora, aunque evita los cruces directos, viene acumulando reclamos hacia la gestión nacional, sobre todo en relación al impacto que tienen las políticas libertarias sobre el campo y las economías regionales.

El mendocino Cornejo, uno de los mandatarios que se muestra más cerca de un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza, también alzó la voz: “Combustibles y ATN no generan déficit porque son gastos ya existentes. Se recaudan y están destinados a emergencias”, afirmó, contradiciendo al jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien adelantó que el Ejecutivo vetará cualquier proyecto que afecte el equilibrio fiscal.

En paralelo, los gobernadores ya se preparan para una nueva reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el espacio donde vienen articulando una estrategia común para recuperar recursos y responder al ajuste. En Diputados, el proyecto de distribución automática de fondos ya fue girado por el Senado, pero el Gobierno busca demorar su tratamiento enviándolo a múltiples comisiones controladas por La Libertad Avanza.

La inédita unidad de los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño pone al oficialismo en una situación incómoda: enfrenta la posibilidad de que, si se logra reunir mayoría en Diputados, se avance con el proyecto sobre tablas y sin dictamen de comisión. Sería una nueva derrota parlamentaria, que desnuda el aislamiento político del Ejecutivo y su resistencia a negociar incluso con potenciales aliados.

El escenario, de mantenerse, puede derivar en una fractura más profunda entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, que ya no ocultan su malestar por las consecuencias del ajuste y el desfinanciamiento de las obras en sus territorios. La lógica de no ceder ni dialogar, incluso con quienes podrían compartir boleta en octubre, empieza a hacer ruido dentro y fuera de la coalición libertaria.