El caso del fentanilo contaminado que ya se cobró al menos 54 vidas en Argentina, 35 de ellas en Rosario, sumó en las últimas horas un capítulo aún más oscuro. La Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación investigan un posible desvío de casi cinco kilos de citrato de fentanilo al mercado ilegal, en una maniobra que comprometería directamente a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, controlados por el polémico empresario Ariel García Furfaro.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó la inhibición general de bienes a 24 personas vinculadas a estas firmas, y ya había prohibido su salida del país en mayo. En la notificación judicial, se detalla que durante inspecciones realizadas junto a la Aduana en marzo pasado, se constató que HLB Pharma almacenaba 4,5 kilos y Laboratorios Ramallo otros 450 gramos de citrato de fentanilo, pero ambas cantidades desaparecieron sin dejar rastro cuando se allanaron las plantas el 15 de mayo. No hubo registros de destrucción ni documentación respaldatoria.

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Días después, Nilda Furfaro, madre del empresario investigado, presentó un escrito afirmando que la droga había sido destruida el 13 de mayo por la empresa MD Servicios SRL, mediante un pago de $585.712. Esta supuesta destrucción está siendo analizada por la Justicia, que ya activó medidas de control sobre ambas empresas. La ANMAT, mediante la disposición 3158/25, prohibió sus actividades productivas y la comercialización de todos sus productos hasta que se garantice el cumplimiento de estándares técnicos y sanitarios.

Las sospechas sobre el clan García Furfaro no son nuevas. Ariel García, quien estuvo preso por intento de homicidio, se recibió de abogado durante su reclusión. Su primer cliente fue Aníbal “el Loco del Martillo” González Igonet, el preso más antiguo de Argentina, condenado por el asesinato de mujeres. Luego, García defendió a figuras ligadas al tráfico de efedrina, como Jorge Salinas y Andrés Lamboy, vinculados al "Rey de la Efedrina", Mario Segovia. También figura entre los directivos del desaparecido Laboratorio Apolo, que explotó en 2016, tras lo cual sus accionistas fundaron Ramallo SA.

En diálogo con Infobae, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue tajante: “Tienen vínculos con el narcotráfico”, denunció, y confirmó que se presentó como querellante en la causa por el fentanilo contaminado. Para el jefe comunal, es urgente investigar el paradero de los cinco kilos de fentanilo que, según expertos del sector, podrían abastecer al sistema de salud nacional por más de cuatro años.

El caso está siendo abordado por una mesa interinstitucional que integran el Ministerio de Seguridad, ANMAT, Salud, ARCA y la Dirección General de Aduanas, que ya realizó nueve inspecciones a importadoras de fentanilo. La lupa está puesta en los potenciales nexos entre los laboratorios y el circuito narco, un vínculo que, de comprobarse, evidenciaría cómo una droga clínica, letal en dosis mínimas, se convirtió en una herramienta mortal en manos del crimen organizado.

Mientras avanza la investigación, el país enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora: el fentanilo como nuevo eje del narcotráfico, con conexiones que alcanzan al corazón mismo del entramado empresarial y político.