Una nueva crisis diplomática sacude las relaciones entre Brasil y Estados Unidos luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 50% a todos los productos brasileños. La decisión, anunciada a través de su red Truth Social, se da en represalia por el juicio que enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado en 2023. Desde Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con firmeza: "Brasil es un país soberano. No aceptará ser tutelado por nadie".

El conflicto escaló rápidamente. El gobierno brasileño convocó al encargado de negocios de la embajada de EE.UU., Gabriel Escobar, para exigir explicaciones sobre un comunicado en el que la representación diplomática calificó a Bolsonaro como víctima de “persecución política”. Cancillería calificó esa expresión como una “intromisión indebida” en los asuntos internos del país.

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A la par, Trump redobló la apuesta. En una carta dirigida a Lula y difundida por sus redes, calificó el juicio contra Bolsonaro como “una caza de brujas” y “una vergüenza internacional”. El mandatario republicano anticipó que impondrá un arancel general del 50% sobre todas las exportaciones brasileñas y advirtió que esa cifra podría aumentar si Brasil responde con medidas recíprocas.

El anuncio de Trump generó un inmediato impacto económico: el real brasileño se depreció más de un 2% frente al dólar. Brasil es el segundo proveedor de acero de Estados Unidos, y parte de las exportaciones ya estaban afectadas por medidas proteccionistas previas. Pero este nuevo gravamen sería de aplicación general y podría golpear severamente a los sectores agrícola, minero e industrial del país sudamericano.

Trump también ordenó al representante comercial estadounidense iniciar una investigación contra Brasil por “prácticas desleales”, en referencia a medidas judiciales que bloquearon plataformas digitales afines al conservadurismo, como Rumble, y por supuestos obstáculos al comercio digital.

Ante la ofensiva, Lula respondió con firmeza: "Cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida de acuerdo a la Ley de Reciprocidad Económica". Dicha norma, aprobada en abril, permite adoptar sanciones comerciales contra países que impongan barreras sin justificación.

“Brasil tiene instituciones sólidas que no están sujetas a amenazas externas. El proceso judicial contra Bolsonaro es exclusivo de la Justicia brasileña. Ninguna potencia extranjera puede condicionar nuestro Estado de Derecho”, remarcó el presidente.

En su declaración, Lula también desmintió que EE.UU. tenga una balanza comercial deficitaria con Brasil. Aseguró que, en los últimos 15 años, Washington registró un superávit de más de 410 mil millones de dólares en el intercambio bilateral. En 2024, Brasil exportó al país del norte más de 40 mil millones, equivalente al 12% de sus ventas totales.

Desde el sector industrial brasileño también hubo preocupación. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) consideró que la medida "no tiene justificación económica" y advirtió que el impacto podría ser severo debido a la interdependencia de las cadenas de valor. Su presidente, Ricardo Alban, pidió intensificar el diálogo diplomático para evitar una guerra comercial.

El conflicto reaviva los lazos entre Trump y Bolsonaro, dos dirigentes de ultraderecha que se mostraron aliados durante sus mandatos y que comparten un discurso contra la justicia, la prensa y la oposición política. En 2023, Bolsonaro fue acusado de alentar la toma violenta de las sedes de los tres poderes en Brasilia, en hechos similares al asalto al Capitolio estadounidense en 2021.

Mientras la causa contra el expresidente avanza en la Corte Suprema de Brasil, y decenas de exfuncionarios y militares enfrentan cargos por conspiración, Lula envió una señal clara: su país no permitirá injerencias externas. El conflicto con Trump abre un nuevo frente de tensión que podría alterar no solo la diplomacia, sino también el comercio bilateral entre las dos mayores economías del continente.