La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes en el marco de la causa por la estatización de la petrolera concretada en 2012. El paquete accionario, que había sido adquirido por el Estado a Repsol y permanece bajo control público, está en el centro de una disputa judicial iniciada por el fondo Burford Capital.

El fondo de inversión adquirió en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía y de IEASA por 16 millones de dólares, luego de que Petersen —que había comprado el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011— entrara en quiebra. La demanda se basa en que, al momento de nacionalizar YPF, el Estado argentino no lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, tal como establecía el estatuto de privatización de 1993.

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“Se aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”, argumentaron desde la defensa del Estado, que sostiene que el caso debería juzgarse en tribunales argentinos. Además, subrayaron que el sistema legal local no admite indemnizaciones entre accionistas por incumplimiento de estatutos corporativos, salvo en condiciones muy excepcionales.

Burford, que se quedaría con el 70% de una eventual indemnización, alega que la Argentina violó sus compromisos corporativos al omitir la OPA. El restante 30% sería destinado a Petersen y sus acreedores. Sin embargo, la defensa nacional planteó que en 2014, cuando el Estado efectivizó el pago a Repsol y asumió la titularidad de las acciones, Petersen ya no formaba parte del directorio ni tenía participación accionaria en YPF.

“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos (…) el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente shockeados”, cuestionaron los abogados argentinos, aludiendo a una eventual situación inversa.

En Buenos Aires, fuentes oficiales minimizaron el impacto inmediato del fallo y aseguraron que será apelado. Mientras tanto, el futuro de la petrolera estatal vuelve a quedar atado a una puja legal que mezcla geopolítica, negocios y viejas heridas del proceso de reestatización.