La Justicia de la localidad bonaerense de Colón emitió una orden de captura contra Gino Ansaloni, hijo del diputado nacional libertario Pablo Ansaloni, quien continúa prófugo tras haber sido imputado por tentativa de homicidio junto a otros dos jóvenes. La acusación surgió luego de que se conocieran las imágenes de una salvaje golpiza ocurrida en la madrugada del domingo 15 de junio, a la salida del boliche “Porteño”, donde resultó gravemente herido Guido Ruiz, un adolescente de 17 años.

La fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la investigación, reunió pruebas clave: grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el testimonio de la propia víctima, que permitieron reconstruir el ataque. Según relataron allegados y la familia del joven, la patota en la que participaba Gino lo habría marcado dentro del boliche y luego emboscado en el exterior, donde fue brutalmente golpeado durante varios minutos.

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Guido Ruiz permanece internado con fractura de mandíbula, pérdida de dientes, lesiones en el rostro y traumatismos múltiples, según informaron sus familiares, quienes denuncian que el ataque fue premeditado. La hermana del joven, Guadalupe, aseguró que “los golpeadores siguen libres mientras nosotros solo esperamos que se entreguen. Esto fue una emboscada, como lo que le hicieron a Fernando Báez Sosa”.

Pese a la orden de detención, los acusados ya cuentan con defensa legal y pidieron medidas de prueba adicionales, mientras sus abogados solicitaron que atraviesen el proceso en libertad. La fiscalía continúa investigando la participación de una cuarta persona aún no identificada y solicitó más estudios médicos para determinar la magnitud de las lesiones, que podrían agravar la imputación.

La causa generó una fuerte indignación en la comunidad. Vecinos de Colón y familiares de la víctima anunciaron movilizaciones para exigir Justicia y la inmediata detención de los responsables. Además, apuntaron contra el diputado Pablo Ansaloni, a quien acusan de encubrir a su hijo y ayudarlo a mantenerse prófugo.

Mientras crece el repudio social, la familia Ruiz insiste en que “no puede haber impunidad” y exige que los responsables “paguen por lo que hicieron”.