La represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una nueva jornada de protesta de jubilados frente al Congreso, dejó este miércoles 82 personas heridas y al menos cuatro detenidas, entre ellas varios trabajadores de prensa. El operativo, que incluyó a todas las fuerzas federales, se desplegó mientras el oficialismo evitaba en el Congreso el tratamiento de proyectos vinculados a la moratoria previsional y un bono para jubilaciones.

Horas antes de la represión, sacerdotes católicos y pastores evangélicos realizaron una misa ecuménica en la plaza del Congreso para denunciar lo que definieron como “violencia institucional sistemática” por parte del gobierno de Javier Milei. “No puede ser que se siga atacando cada semana a las y los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, dijo el padre Paco Olveira, quien fue golpeado en las dos marchas anteriores.

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El despliegue represivo comenzó cerca de las tres de la tarde. La calle Rivadavia estaba vallada y las fuerzas de seguridad —Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y PSA— lanzaron gases lacrimógenos y avanzaron con tonfas contra los manifestantes. La Comisión Provincial por la Memoria informó que la mayoría de los heridos sufrió quemaduras por los químicos, y que una persona fue hospitalizada con un corte en la cabeza por el golpe de un prefecto. Entre los agredidos estuvo Guillermo Lorusso, sobreviviente del centro clandestino “El Vesubio”.

El periodismo volvió a ser blanco de la violencia. Los trabajadores de La Nación+ Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza fueron heridos, mientras que la cronista Lula Álvarez, de El Destape, recibió un golpe en la cabeza y fue gaseada. Los reporteros gráficos Javier Iglesias y Tomás Cuesta —este último de la agencia AFP— fueron detenidos; Cuesta fue liberado por orden de la fiscal Malena Mercurial. A la fotógrafa Mariana Nadelcu le rompieron la cámara con la que registraba los hechos.

“Prefieren gastar mucha plata en estos operativos que son carísimos en vez de sentarse con el sector que está siendo golpeado”, señaló la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho. “Miércoles tras miércoles son golpeados y gaseados por la fuerza de la ministra Bullrich, que hace un circo mediático porque no te pueden dar respuesta de otra forma”, agregó.

Desde la CPM, su director Roberto Cipriano García advirtió que el patrón represivo se repite semana tras semana: “El miércoles pasado fueron 100 personas heridas y una semana antes 58. La justicia que no investiga, sectores importantes de la política que no se quieren meter con estos temas y los medios empresariales de comunicación masiva que son condescendientes con el gobierno generan las condiciones para la reproducción de violencias que degradan y deterioran nuestro sistema democrático”.

Durante la misa ecuménica, referentes religiosos apuntaron contra la represión y la indiferencia del oficialismo. “Hay que avisarles a los efectivos que están acá que hay que seguir andando, no seguir gaseando”, dijo uno de los curas. Eduardo de la Serna, de los Curas en Opción por los Pobres, afirmó: “El problema no es la voz, es el dinero que te tapa las orejas y te endurece el corazón. Cuando eso pasa necesitamos un fibrilador urgente”.

Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, también repudió la represión: “Desde el campo de la fe no nos queda otra que decir que todo esto es contrario al propósito de Dios y a la dignidad de nuestros mayores”. Y marcó distancia del sector evangelista que acompaña a Milei: “Algunos están apoyando a este gobierno y sus políticas, pero queremos que se sepa que hay un sector importante de las iglesias evangélicas que no estamos acompañando este proyecto sino que lo estamos rechazando”.