El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación total de los aranceles para la importación de celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de juego, una medida que, según la Secretaría de Comercio, busca “equiparar precios con la región” y “aumentar la oferta de modelos”. En la práctica, representa un golpe a la industria electrónica nacional, especialmente la radicada en Tierra del Fuego, que aporta el 96% de los celulares que se venden en el país y genera más de 16 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

El decreto establece que el arancel del 16% para celulares bajará a 8% de inmediato y se eliminará completamente en enero de 2026. Además, se reducirá el impuesto interno a los productos importados del 19% al 9,5%, y del 9,5% al 0% para los fabricados en Tierra del Fuego. Las consolas de videojuegos pasarán de tributar 35% a un 20%. Desde el Gobierno estiman que esta apertura podría bajar los precios hasta un 30%, pero el costo social y económico ya genera fuerte preocupación en la provincia más austral.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

“Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones. El impacto real en el negocio todavía no se sabe”, señalaron desde el Grupo Mirgor, una de las principales empresas del sector, con vínculos familiares con el ministro de Economía, Luis Caputo. La misma firma tiene a su cargo la construcción de una nueva terminal de cruceros en el puerto de Ushuaia.

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) advirtieron que la medida “puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla”, aunque celebraron la baja del impuesto interno como una reducción del “costo argentino”.

La industria electrónica fueguina facturó en 2023 más de 2.900 millones de dólares. En Río Grande, el 50% de la economía depende de esta actividad. La ciudad ha sufrido una caída de la producción del 50% en el último año. En Ushuaia, aunque el turismo amortigua el impacto, la situación no es mejor: el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza.

La política comercial del Ejecutivo reavivó tensiones en la provincia, donde el presidente Milei fue declarado “persona no grata” por sus declaraciones sobre las Islas Malvinas. Pero más allá de lo simbólico, las consecuencias del nuevo esquema de desregulación comienzan a sentirse en un entramado productivo que, desde hace años, intenta diversificarse. “Estamos aguardando el detalle de las medidas para evaluar su impacto. Hace una década trabajamos para adaptarnos a distintos escenarios”, aseguraron desde Mirgor.

La apertura importadora se suma a otras decisiones del Gobierno que afectan a la producción nacional. El propio ministro Caputo justificó la medida al señalar que hay textiles que se compran por “4,5 dólares y se venden a 50” en los shoppings. Sin embargo, la experiencia en alimentos demostró que liberar importaciones no necesariamente se traduce en baja de precios. En este caso, los funcionarios atribuyen las distorsiones a la carga impositiva, sin considerar el atraso cambiario ni la baja competitividad de la economía argentina.

El régimen de promoción industrial fue extendido hasta 2038 por el gobierno anterior, con la condición de que las empresas aporten un 15% del IVA exento para el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Provincial. Aunque el actual Gobierno había mantenido ese esquema en su proyecto de Presupuesto, la apertura total a productos importados amenaza con dejarlo sin sentido. La “isla tecnológica” corre el riesgo de convertirse en una isla perdida.