El sector textil y de indumentaria respondió con dureza a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió la apertura de importaciones como herramienta para bajar precios. “Acá todavía la competencia no llegó”, dijo el funcionario en una entrevista, y puso como ejemplo prendas importadas desde Bangladesh que llegan al país a 5 dólares y se venden a 50.

Desde la Fundación Pro Tejer rechazaron esa lectura: “¿Hasta cuándo se va a culpar a la industria nacional de sobreprecios en ropa 100% importada?”, plantearon. En diálogo con este medio, su titular, Luciano Galfione, sostuvo: “Lo que el ministro mencionó este lunes no es más que una confirmación de que el valor del producto importado no define el precio de venta. En Argentina siempre se importó y la indumentaria que se vende más cara es justamente la importada”.

ÚNETE A NUESTRO INSTAGRAM.

👉   https://www.instagram.com/nce.oficial

Ofrecemos lo más relevante en noticias

Para Galfione, el problema de fondo está en la “comercialización y la excesiva carga fiscal”, y no en los costos de producción. “Cuando se importa sin ningún control, cosa que no se hace en ningún otro lugar del mundo, se pone aún más en desventaja al productor nacional, que debe respetar un montón de leyes locales, laborales, ambientales e impositivas”, apuntó.

Datos privados marcan que las prendas extranjeras pasaron de representar el 7,5% del mercado en 2022 al 15% en 2024, mientras que la Fundación Pro Tejer eleva ese número a casi 50% si se incluye indumentaria, telas e hilados.

Las cámaras empresarias alertan que la política de desregulación comercial no solo no impacta en los valores al consumidor —“tendría un efecto prácticamente nulo, de un máximo del 2%”, estiman—, sino que ya generó el cierre de 177 establecimientos productivos y la pérdida de unos 9.000 empleos. Se suman suspensiones, cancelaciones de horas extra y no renovación de contratos.

Según el economista Gustavo Ludmer, si la participación de ropa importada alcanza el 30%, se destruirían cerca de 48.000 puestos de trabajo industriales, “en su gran mayoría formales”. También estimó que el efecto en la inflación general sería marginal: una baja de 0,2 puntos.

A esto se suma el aumento de costos en dólares producto de la apreciación cambiaria y las subas tarifarias: gas, electricidad y combustibles industriales se encarecieron entre 70% y 250%.

El diagnóstico fue compartido por distintas entidades del sector que también cuestionaron el diseño del IPC, que no distingue entre productos nacionales e importados y está basado en una estructura de consumo de hace 20 años. “El precio final que paga el consumidor se compone principalmente de factores no industriales, que representan los verdaderos cuellos de botella de la competitividad en Argentina”, concluyeron.

“Si queremos que baje el precio de la ropa, empecemos bajando impuestos, mejorando la infraestructura logística, bajemos las tasas de interés de los bancos, bajemos la incidencia de los alquileres en el costo por unidad vendida. Una vez que hagamos eso, entonces empezaremos a solucionar el problema en forma definitiva”, remarcaron. También advirtieron que la liberalización de las importaciones, sin herramientas de defensa del consumidor, permite que los importadores de bienes finales obtengan márgenes de rentabilidad “extraordinarios”, sin trasladar el beneficio a la población.