La crisis laboral en Argentina continúa golpeando al sector productivo, con despidos masivos en dos empresas emblemáticas. Por un lado, la cooperativa láctea SanCor despidió a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe como parte de un plan de ajuste que afecta a las instalaciones de Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia. Por otro lado, Granja Tres Arroyos, principal productora avícola del país, anticipa la desvinculación de 400 empleados en Entre Ríos.

SanCor atraviesa una crítica situación financiera, acumulando una deuda estimada en 2.500 millones de pesos, a pesar de la condonación de 500 millones por parte del exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti. La empresa enfrenta amenazas de embargos, cortes de energía por parte de la EPE y una reducción en su capacidad de procesamiento de leche, que llevó al cierre de la planta de Devoto en 2024.

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Los conflictos laborales también se han intensificado. La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) denunció militarización en la planta de Sunchales para frenar las protestas por salarios adeudados. El gremio no descarta huelgas y ya anunció la posibilidad de paralizar las operaciones si la situación no mejora.

La compañía avícola también atraviesa momentos difíciles. Tras haber despedido a 70 trabajadores recientemente, planea reducir a la mitad su plantilla de faena en Entre Ríos, afectando a 400 empleados. Según Miguel Ángel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, esta medida busca precarizar el trabajo al limitar la capacidad operativa de la planta.

El lunes por la mañana, el gremio convocó a una protesta en Entre Ríos que contó con la participación de trabajadores, familiares y el respaldo de la CGT. La central obrera expresó su solidaridad con los empleados afectados y exigió medidas inmediatas para garantizar la preservación de los puestos de trabajo y condiciones laborales dignas.

Estas situaciones reflejan un panorama crítico en sectores clave como la industria láctea y avícola, fundamentales para la economía argentina. Mientras los gremios intensifican los reclamos, las comunidades locales, que dependen de estas empresas, sufren las consecuencias directas de los ajustes y despidos.