El Senado de la Nación sesionará este jueves para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, en un escenario donde el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para su aprobación y evalúa distintas estrategias para evitar una derrota política.

A más de un año de haber anunciado las postulaciones, el Gobierno de Javier Milei no logró abrir un canal de negociación con Unión por la Patria (UP), el principal interbloque opositor en la Cámara Alta, lo que redujo al mínimo las posibilidades de éxito. La situación se agravó con la decisión del presidente de designar a ambos magistrados “en comisión” por decreto, el pasado 27 de febrero, una maniobra que generó amplio rechazo en distintos sectores políticos y jurídicos.

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Fuentes parlamentarias confirmaron que en el oficialismo analizan dos posibles caminos: “Si los votos no aparecen, una opción es que la sesión se caiga por falta de quórum y la otra es postergar el tratamiento hasta nuevo aviso”. En tanto, el retiro de los pliegos, alternativa que algunos aliados le propusieron al Ejecutivo, fue descartado días atrás por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “No los va a retirar”, aseguró el funcionario y defendió la estrategia del Gobierno: “Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año, cuando finalice el período de sesiones”.

Desde el interbloque de UP anticiparon que cuentan con más de los 25 votos necesarios para rechazar las postulaciones y aseguraron que “hace rato que no hay ninguna negociación”. Legisladores del PRO y la UCR también expresaron su rechazo, especialmente a la candidatura de Lijo. Entre ellos se encuentran Martín Lousteau, Carolina Losada, Alfredo De Angeli y Luis Juez. En tanto, García Mansilla genera menor resistencia en sectores dialoguistas, aunque cosechó críticas por haber aceptado asumir por decreto tras haber dicho en audiencia pública que no lo haría.

Incluso en el bloque Provincias Unidas, que ha acompañado algunas iniciativas del oficialismo, hubo cuestionamientos a la decisión del Gobierno. La senadora cordobesa Alejandra Vigo sostuvo que “nombrar jueces de la Corte por decreto es un atropello a la división de poderes” y remarcó que “el Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones”.

En el ámbito judicial, el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien analiza un pedido de inconstitucionalidad contra las designaciones, postergó una definición hasta que el Senado se pronuncie. Para la oposición, el rechazo de los pliegos implicará el cese inmediato de los jueces designados en comisión, mientras que el Gobierno insiste en que pueden continuar en funciones hasta el 30 de noviembre.

Con este panorama, la sesión de este jueves será clave para definir el futuro de las designaciones y el rumbo de la estrategia judicial del Gobierno.