Los jubilados no se detienen. Luego de la violenta represión de la última marcha, las organizaciones que los nuclean ratificaron la convocatoria a una nueva movilización frente al Congreso de la Nación. Con el respaldo de sindicatos y movimientos sociales, exigen una recomposición urgente de sus ingresos, la devolución de medicamentos y la prórroga de la moratoria jubilatoria.

El operativo de seguridad será aún mayor que el de la semana pasada. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sumará 720 efectivos de la Policía Federal, 400 entre Gendarmería y Prefectura, y 900 agentes de la Policía de la Ciudad. Además, el gobierno porteño dispuso un área de exclusión que afectará el tránsito desde las 9 de la mañana en varias cuadras a la redonda del Congreso.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

La ministra Bullrich justificó la estrategia represiva al afirmar que "se identificó a los responsables de los disturbios" de la última marcha y pidió la detención de 29 personas. La medida generó preocupación entre los organismos de derechos humanos, que denunciaron una criminalización de la protesta social.

Mientras tanto, la movilización se mantiene firme. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro desde el mediodía para sumarse a la jornada de protesta, y diferentes organizaciones confirmaron su presencia a partir de las 17. Entre ellas, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTE, Barrios de Pie y el Movimiento Evita.

La violencia de la última represión aún resuena. Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que fue golpeada por la policía, aseguró que volverá a la marcha con una bandera en respuesta a las acusaciones de Bullrich. También estará presente Ana Martínez, la joven de 22 años que recibió disparos de perdigones de goma en el rostro mientras intentaba proteger a los jubilados.

Además, la Justicia sigue de cerca la situación. El juez federal Martín Cormick confirmó que monitoreará el operativo de seguridad en persona, mientras que el CELS presentó un recurso de amparo contra el protocolo antipiquetes, que aún no obtuvo respuesta.

Con el antecedente de la represión y las recientes restricciones a la cobertura periodística —como la prohibición del uso de drones— la expectativa sobre el desarrollo de la jornada es alta. En la Casa Rosada, el gobierno mantiene reuniones con los responsables de Seguridad e Inteligencia y prepara un despliegue que, según fuentes oficiales, busca "garantizar el orden".

Sin embargo, las imágenes de la última marcha, con móviles policiales abandonados estratégicamente y efectivos sin identificación, despertaron dudas sobre la verdadera intención del operativo. Jubilados, gremios y movimientos sociales insisten en que su reclamo es pacífico, mientras que la tensión en las calles sigue en aumento.