Mientras las facturas de luz aumentan exponencialmente, las inversiones en infraestructura eléctrica parecen haber quedado en el olvido. Organizaciones de defensa de los consumidores denunciaron que el apagón registrado este miércoles en la zona sur del AMBA y CABA es consecuencia directa de la falta de obras en la red de transporte eléctrico. Desde el Gobierno aseguran que “hay que estudiar qué pasó”, pero aún no determinaron si se trató de un incumplimiento de las empresas o de un incidente fortuito.

“La falta de obras en la ampliación del sistema de transporte eléctrico pone en riesgo el servicio”, señalaron desde la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), una advertencia que ya habían planteado en las audiencias públicas de febrero, cuando se definieron las nuevas subas tarifarias. La política oficial de indexación de tarifas en base a la inflación, sumada a la quita de subsidios, no ha venido acompañada de una inversión acorde, lo que genera preocupación entre especialistas y usuarios.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue instruido para investigar las causas del apagón y determinar si las empresas del sector incumplieron con sus obligaciones. “Se está recopilando información, primero hay que estudiar qué pasó”, indicaron desde el Gobierno.

Mientras el análisis oficial avanza sin mayores precisiones, desde Deuco y la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) advierten sobre la desproporción entre los aumentos tarifarios y las inversiones en la infraestructura del sistema eléctrico. Solo en 2024, las tarifas de energía aumentaron un 400%, lo que implica un peso cada vez mayor sobre los ingresos de las familias, que no crecieron en la misma proporción.

“Desde la UUyC estamos en contra de la quita de subsidios, creemos que no resulta necesario seguir avanzando con este criterio de aumentos indefinidos”, sostuvo Fernanda Lacey, integrante de la comisión directiva de la organización. Según detalló, en 2023 el Estado cubría el 60% del costo de la energía para los usuarios de ingresos medios, mientras que ahora ese porcentaje cayó al 50%. En los sectores de menores ingresos, la cobertura pasó del 75% al 65%. “El objetivo del Gobierno es eliminar los subsidios para la clase media y dejar solo dos grupos de usuarios: con y sin subsidio”, advirtió.

El año pasado, el Ministerio de Economía postergó la eliminación total de los subsidios para evitar un impacto mayor en la inflación minorista, lo que permitió que en 2024 la clase media no absorbiera aún el 100% del costo de la energía. Sin embargo, las organizaciones de usuarios advierten que las inversiones siguen sin concretarse y que los aumentos solo han servido para aumentar las ganancias de las empresas del sector.

“El Poder Ejecutivo nacional declaró la Emergencia Energética a través del DNU 55/2023, abarcando la generación, el transporte y la distribución eléctrica. Sin embargo, no hubo avances en las obras de ampliación del sistema de transporte, que son responsabilidad del Estado como poder concedente”, señalaron desde Deuco. “Esas obras son fundamentales para reducir costos y eliminar fallas en el sistema. Las inversiones deben hacerse ya sea con fondos públicos o privados, pero sin que el peso recaiga sobre los usuarios”, concluyeron.