TRANSPORTE
15 de enero de 2025
Privatización masiva: En plena crisis vial, el Gobierno privatiza más de 9.000 km de rutas nacionales
La "Ruta del Mercosur" será el primer corredor vial en pasar a manos privadas, en un plan que abarca el 20 % de la Red Vial Nacional, concentrando el 80 % del tránsito.
En medio de la crisis vial que atraviesa el país, el Gobierno de Javier Milei lanzó un ambicioso plan para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales con el argumento de "reducir el gasto público". La primera etapa del proyecto incluye la licitación del corredor vial 18, conocido como "Ruta del Mercosur", que conecta Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay, abarcando más de 600 kilómetros estratégicos para el comercio y el turismo.
El Decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, justifica la medida como parte de un plan para "delegar en el sector privado la conservación y mantenimiento" de los tramos que actualmente gestiona la Dirección Nacional de Vialidad. Según se informó, la privatización abarcará 13 tramos que representan el 20 % de la red vial, pero concentran el 80 % del tránsito vehicular.
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El corredor "Ruta del Mercosur" será el primero en licitarse, en un proceso que se extenderá durante 12 meses. Este incluye las rutas 12, 14, y varios accesos a pasos fronterizos con Brasil y Uruguay, además del tramo Rosario-Victoria sobre la ruta 74. Según el Gobierno, la privatización busca ahorrar al Tesoro nacional unos 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años.
El comunicado oficial de Vialidad Nacional asegura que el nuevo sistema eliminará subsidios y permitirá una gestión más eficiente por parte del sector privado. Sin embargo, las rutas concesionadas representan vías fundamentales para el transporte regional, como el tramo Ceibas-Gualeguay de la RN 12, los accesos a la represa Salto Grande en la RN A-015, y el cruce internacional en Paso de los Libres sobre la RN 117.
Críticos de la medida advierten que la privatización podría generar un aumento en los costos para los usuarios, como peajes más elevados, y una posible falta de control en el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad vial. Entretanto, el Ejecutivo defiende la medida como una solución para "optimizar recursos" y "modernizar la infraestructura" de la red vial nacional.
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