El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario a través del Decreto 879/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, pocas horas después de la multitudinaria movilización en defensa del presupuesto para la educación pública. El veto se ampara en razones económicas y técnicas, aduciendo que la ley "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos disponibles para su financiamiento".

El decreto sostiene que la implementación de la ley implicaría un gasto adicional de $811.569 millones y plantea que la aplicación de sus disposiciones podría ser malinterpretada, lo que llevaría a un impacto de hasta un billón y medio de pesos. Estos argumentos fueron los mismos que Milei había venido repitiendo en los últimos días, advirtiendo que la medida afectaría los objetivos de política económica de su gobierno.

La ley, que buscaba garantizar mayores recursos para las universidades públicas, había sido impulsada por la comunidad académica y apoyada por sindicatos, organizaciones sociales y referentes políticos de la oposición, quienes la defendieron en la histórica movilización de ayer. Sin embargo, el Presidente decidió firmar el veto, acompañado por varios de sus ministros, entre ellos Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

El veto generó malestar en los sectores que participaron de la Segunda Marcha Federal por la Educación, que había reunido a más de un millón y medio de personas en todo el país para exigir el financiamiento necesario para sostener el sistema universitario. Las principales universidades del país, junto a gremios docentes y no docentes, habían alertado sobre las graves consecuencias que podría tener el ajuste presupuestario en el ámbito educativo.