La Federación Universitaria Argentina (FUA) anunció la convocatoria a un paro total el próximo 26 de septiembre, seguido de una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, en protesta contra el veto presidencial que Javier Milei prometió aplicar a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, que fue sancionada el pasado jueves en el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra, busca actualizar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento, docencia, investigación y extensión de las universidades públicas.

Aunque las fechas aún no fueron oficializadas, varios medios han adelantado la realización de estas acciones en respuesta a las políticas del presidente Milei, quien amenazó con vetar la ley pese a que su impacto fiscal representa solo el 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El jueves pasado, la sanción de la ley llegó casi cinco meses después de una masiva movilización en defensa de la educación pública, que reunió a miles de personas. La normativa tiene como objetivo mejorar las condiciones financieras de las universidades nacionales, que enfrentan serias dificultades presupuestarias.

A pesar de esto, en el presupuesto que Milei presentó ante el Congreso, el Gobierno de La Libertad Avanza asigna $3,8 billones a las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $7,2 billones para poder cubrir las necesidades básicas de las instituciones. "Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme", advirtió Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología. "No se va a cumplir con el 0,2% del presupuesto que dictó la Ley de educación técnica en 2005, ni con el 6% del PBI que exige la Ley de financiamiento educativo de 2006, ni con el 0,45% que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025", reflexionó.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, también expresó su preocupación al señalar que el presupuesto propuesto no contempla la recomposición salarial de los docentes y no docentes, quienes perderían poder adquisitivo frente a la inflación. "No hay intención cierta de recomponer los salarios para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza es que en 2025 los salarios serán los mismos que hoy", lamentó Moriñigo, quien agregó que la inflación estimada para 2025 es del 18%.

Las federaciones universitarias se reunieron el lunes pasado y definieron que el 24 de septiembre, tras una reunión del CIN, se anunciarán nuevas medidas, incluida una marcha en octubre, salvo que el Gobierno decida abrir una vía de diálogo, aunque Moriñigo reconoció que "lo vemos muy poco probable".

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical, destacó la necesidad de evitar el veto a la ley. "Nuestro objetivo no es decir ‘si hay veto hay marcha’, sino tratar de que no se anule el financiamiento universitario, ya que esto significaría una peor educación superior", afirmó. "Si hay veto, la pérdida de calidad será evidente a corto plazo en todas las universidades", concluyó en diálogo con La Nación+