¿Cómo participar?

Escaneá esta cara de QR e informate, es tu derecho saber cómo accede el Estado a tu imagen y qué hace con ella.

Hacé correr esta información con el hashtag #RECONOCEME

La implementación de Sistemas de IA para el reconocimienfo facial de personas en la vía pública supone un conjunto de riesgos graves para la ciudadanía . La UE, en marzo de 2024, restringió fuertemente el uso de esta tecnologia por su capacidad de afectar los derechos de las personas.

La utilización del SRF por parte del Estado sin controles adecuados, puede vulnerar derechos fundamentales como la libre circulación, la privacidad de los datos y la identidad personal. Además de detenciones policiacas erróneas por fallas en el sistema.

Por tal motivo es importante exigir transparencia y responsabilidad por parte del Estado en el uso de tecnologías de reconocimiento facial. En este sentido, es fundamental contar con regulaciones efectivas que protejan los derechos digitales de las personas.

¿Puede existir ciudadanía ante un Estado impune? No. Por eso mismo establecer la responsabilidad pública ante la violación de nuestros derechos informáticos resulta algo imprescindible en la era digital.
Cabe aclarar, que en 2019 el SRF se implementó en la Ciudad de Buenos Aires y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A) presentó un recurso de amparo y logró suspender su utilización.
Se comrprobó que el sistema y sus registros no cumplían con requisitos de seguridad básicos y se encontraron datos de personas que no estaban incluidas en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc).

¿Cuales son los riesgos del uso del SRF?

Habilita al Estado a usar grandes volúmenes de datos sensibles sin que exista ningún marco de protección real para limitar esa explotación.
Esta es una tecnología que utiliza algoritmos para identificar y verificar la identidad de personas a través del análisis de características faciales capturadas por cámaras de vigilancia u otros dispositivos. Aunque se usa principalmente para la búsqueda de personas con pedido de captura, su implementación sin una adecuada supervisión puede tener consecuencias graves, tales como:

- Vulneración de la Privacidad: La recopilación masiva de datos personales sin el consentimiento explícito de los individuos. Se contrata una empresa privada sin ningún tipo de limitación o reglamentación a administrar nuestros datos personales.

- Errores y Detenciones Injustas: La posibilidad de errores en el sistema que pueden llevar a detenciones indebidas y el impacto desproporcionado que tiene sobre sectores historicamente vulnerados. Se pone a disposición de las Fuerzas de Seguridad una herramienta con capacidad de de daño grave sin reglamentación alguna para su uso.

- Pérdida de Libertades Individuales: El uso indiscriminado del SRF puede limitar la libre circulación y otras libertades fundamentales.

Estos registros alcanzaron a figuras públicas, desde periodistas hasta políticos, como Eduardo Feinmann, Axel Kicillof, Viviana Canosa, Marcos Galperín, Miriam Bregman, Juan Grabois, Estela De Carlotto, Cristina Fernanández de Kirchner, Facundo Manes y Patricia Bullrich entre otros. Personalidades públicas con más recursos para defenderse que la media. ¿Quién protegerá a los más vulnerables?

Ante el avance tecnológico es importante debatir socialmente sobre el impacto en la sociedad frente a la implementación de nuevos dispositivos que pretenden resguardar a la ciudadanía. Para esto sugerimos implementar regulaciones que aseguren el uso ético, transparente y responsable del SRF.

El gobierno debe ser transparente en el uso de estas tecnologías y rendir cuentas a la ciudadanía para así salvaguardar los derechos y la privacidad de los individuos frente al avance tecnológico.

La campaña "Reconoceme" pone énfasis en la necesidad de una mayor conciencia pública sobre la privacidad digital y la posibilidad de influir en la formulación de políticas y regulaciones relacionadas con el SRF. Queremos destacar que el avance tecnológico no es intrínsecamente peligroso, sino que es fundamental regular y controlar su uso para evitar abusos y proteger las libertades individuales.

¡El acceso a la Información Pública es un derecho humano fundamental!