El juez federal Sebastián Casanello ha solicitado al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que informe en 72 horas la cantidad de alimentos almacenados y presente un plan de distribución inmediato. Esta medida responde a una denuncia del dirigente social Juan Grabois, respaldada por comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos.

Según la denuncia de Grabois, el Ministerio tiene almacenadas 5 mil toneladas de alimentos en dos galpones ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí del Valle, Tucumán. Este dato fue publicado por el sitio El Destape, lo que motivó la defensa del Gobierno. Las autoridades alegaron que los alimentos no se distribuyeron debido a investigaciones en curso por irregularidades, y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, afirmó que se trataba de reservas para "casos de emergencia".

"Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes," afirmó Casanello en su resolución, instando al Ministerio a elaborar un plan de distribución. El juez fijó un plazo de 72 horas para que la cartera de Pettovello presente el plan.

El juez también ordenó que personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal notifique la medida a la secretaría dirigida por De La Torre. Casanello recordó a los funcionarios del Ministerio de Capital Humano sobre sus funciones de "seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables".

Además, el juez solicitó detalles sobre el tipo de alimentos, fechas de adquisición y vencimiento, así como registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023. Este proceso permitirá verificar los argumentos del Gobierno sobre el destino de los alimentos almacenados.

El fin de semana, De La Torre defendió la existencia de estos alimentos como reservas para emergencias, indicando que "en la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días". Grabois, sin embargo, cuestionó esta justificación, señalando la falta de distribución durante eventos catastróficos recientes y acusando al Gobierno de engañar a la población. "Hay gente con hambre y 5 mil toneladas de comida pudriéndose en galpones," afirmó Grabois en sus redes sociales.

Paralelamente, Casanello ha dispuesto un cronograma de indagatorias para los dirigentes de comedores populares denunciados por el Ejecutivo, incluyendo al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Las indagatorias, que se realizarán entre el 11 y el 19 de junio, se centrarán en posibles irregularidades en la administración de recursos estatales en el programa Potenciar Trabajo.

Casanello fundamentó estas medidas en la "comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados". Señaló que los fondos estatales podrían haberse utilizado para fines partidarios, distorsionando la política estatal destinada a los más necesitados.