El Gobierno oficializó la postergación del aumento en las tarifas de gas y electricidad previsto para mayo, suspendiendo también el ajuste mensual del valor del metro cúbico consumido. En medio de una ola polar, esta medida, junto a los congelamientos salariales y las presiones inflacionarias, está afectando a la clase media. Mientras tanto, el gasoducto Néstor Kirchner podría transportar el doble de fluido si no se hubieran paralizado las obras.

La Resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada en el Boletín Oficial el lunes 20, frenó la suba tarifaria de gas anunciada para mayo, la cual incluía un incremento adicional en septiembre. Los nuevos cuadros tarifarios aprobados en abril, con incrementos de entre el 250% y 375% respecto a marzo, se aplicarán nuevamente en junio, según la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

Aunque el Gobierno aún no ha confirmado el congelamiento tarifario de junio, sí ratificó el que había frenado la Justicia en mayo para el servicio de agua, que tuvo aumentos superiores al 200%. El esquema tarifario de la administración de Milei, que dolarizó el precio del gas y elevó significativamente los cargos fijos residenciales y el valor del metro cúbico, ha sido temporalmente congelado para “consolidar el proceso de desinflación”, según Enargas.

El ajuste tarifario ha sido graduado para evitar una “persistencia inflacionaria” en niveles altos, según indicaron tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el exministro de Economía, Domingo Cavallo. La política de reducción de subsidios energéticos, promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y implementada parcialmente desde 2023, ha generado aumentos significativos en las facturas de gas, especialmente para los hogares de altos ingresos y usuarios no domésticos.

Deuco calculó que un hogar de ingreso medio, con un consumo de 100 metros cúbicos de gas por mes, vio su factura aumentar de 3.303 pesos en marzo a 15.266 pesos en abril, un alza del 362%. Para los usuarios de nivel 1, el aumento fue del 246%, pasando de 6.472 pesos en marzo a 22.395 pesos en abril.

En respuesta a la ola polar, Enargas declaró el estado de “pre emergencia”, instruyendo a las empresas a garantizar el suministro a los usuarios residenciales activando los servicios interrumpibles. Esta medida afectó a 120 estaciones de servicio de GNC y algunas industrias, especialmente en Buenos Aires.

El gasoducto Néstor Kirchner, crucial para la infraestructura energética, opera a la mitad de su capacidad debido a la paralización de obras. El Gobierno mantiene una deuda de 40 millones de dólares con las constructoras Sacde y Contreras, lo que ha impedido finalizar las plantas necesarias. Esta inacción obliga al país a importar combustibles líquidos de urgencia, con un costo estimado de 600 millones de dólares.

La administración de Milei ha elevado los precios del gas significativamente, cumpliendo con las expectativas del FMI. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura y la necesidad de importar energía suponen un desafío considerable para la estabilidad económica y el bienestar de la población.