El Gobierno y los bloques de diputados colaboracionistas dieron dictamen exprés a la versión reducida de la ley Bases, que incluye una reforma laboral, para llevarla al recinto de la Cámara baja el próximo lunes con el objetivo de obtener media sanción. El oficialismo logró un acuerdo de último momento con las bancadas aliadas, que se enfrentaron por la inclusión de la reforma laboral propuesta por la UCR, finalmente incorporada al proyecto gubernamental a cambio de votos favorables.

La versión final de la reforma laboral es "acotada", limitando sus alcances en comparación con propuestas más amplias. Los puntos principales incluyen la extensión del período de prueba de los trabajadores a seis meses, con posibilidad de ampliación a ocho meses y un año según el tamaño de la empresa. Además, se eliminan las multas a los empresarios por empleo no registrado y se establecen despidos "justificados" con penas de hasta tres años por bloqueos o tomas "parciales" de establecimientos productivos.

Sin embargo, la reforma evita avanzar contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga en múltiples actividades laborales. La oposición, especialmente crítica, denunció el avance contra los derechos de los trabajadores, mientras que el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, advirtió que fortalecerá el paro general convocado para el 9 de mayo.

A pesar del entusiasmo inicial en la Casa Rosada por la propuesta más amplia de la UCR, la postura del bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, y las críticas de la oposición, llevaron a una versión más limitada de la reforma. El texto final fue resultado de intensas negociaciones de último momento entre los bloques colaboracionistas.

Las críticas más duras provinieron de la oposición, que acusó al oficialismo y sus aliados de entregar los derechos de los trabajadores a cambio de apoyo político. Se señaló la inconstitucionalidad de la reforma y se ligaron sus objetivos con otras medidas gubernamentales que afectan a los trabajadores. Pablo Moyano rechazó contundentemente la reforma, calificándola como una "condena para los trabajadores" y alertando sobre la pérdida de derechos laborales básicos.