Con 42 votos negativos, solo 25 afirmativos y cuatro abstenciones, la Cámara Alta decidió rechazar el DNU 70/2023 que lleva la firma de Javier Milei. Ahora deberá resolver la Cámara Baja si confirma el rechazo al DNU o bien, si la Corte lo declara inconstitucional. 

Tras el rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación, en una sesión marcada por fuertes tensiones entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno seguirá vigente hasta ser sometido a votación también en la Cámara de Diputados.

Según lo establecido en la Ley N° 26.122 en su artículo 24, "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil". Esto significa que si una de las Cámaras no lo trata, o si solo una de las dos lo rechaza, el DNU continuará en vigencia como hasta ahora.

Por lo tanto, es necesario aguardar que la Cámara de Diputados lo debata y, en caso de rechazarlo, entonces el DNU quedaría derogado.

El Decreto 70/2023, publicado por Javier Milei en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023, pocos días después de asumir la presidencia, está en vigor en Argentina desde el 29 de diciembre, ocho días después de su publicación. Este decreto derogó y/o modificó más de un centenar de normativas.

Aunque el DNU podría perder efecto en los próximos días, la ley que lo regula establece que los derechos adquiridos durante su vigencia, desde finales de 2023, seguirán siendo válidos. Por ejemplo, un contrato de alquiler celebrado durante la vigencia del DNU seguirá siendo legal hasta su vencimiento.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son instrumentos legislativos que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin tener que pasar por el proceso legislativo tradicional del Congreso. Este proceso se activa cuando el Presidente considera que la situación requiere medidas inmediatas para abordar problemas urgentes que no pueden esperar el tiempo que lleva el proceso legislativo regular.