Javier Milei se encontró con un revés significativo en su proyecto de ley ómnibus. La votación en particular culminó de manera desfavorable cuando, tras diversos tropiezos en la delegación de facultades, el partido La Libertad Avanza se vio obligado a retroceder y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión. A pesar de que el proyecto ya había sido aprobado en general, LLA se enfrentó a la realidad de que su iniciativa, gradualmente, estaba perdiendo sus disposiciones principales.

Las negociaciones no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio, y el oficialismo hizo caso omiso a los reclamos. No fue hasta que la oposición amigable desmanteló los primeros cinco artículos que comenzaron a sonar las alarmas. Finalmente, cuando llegó el capítulo de las privatizaciones, quedó en evidencia que los números no cuadraban, y LLA optó por desechar todo el trabajo parlamentario de ese último mes en lugar de conformarse con una victoria a medias.

El oficialismo aspira a retomar el debate en comisión la semana que viene, pero el escenario es complicado. Al cierre de esta nota, todos los bloques mantenían reuniones frenéticas, analizando los pasos a seguir. Los diputados de Unión por la Patria cantaban la marcha peronista en las escaleras del Palacio, mientras que los libertarios masticaban ira - "La traición se paga cara", repetirían, en sintonía con el comunicado que sacó LLA - y el radicalismo se encogía de hombros: "Pasó lo que veníamos advirtiendo". En las afueras del Congreso, mientras tanto, se escuchaban los bocinazos de festejo de los autos.

Como fue que paso todo

El día en el que Javier Milei tenía planeado celebrar la aprobación de sus facultades extraordinarias había arrancado mal. El clima en la Cámara de Diputados mutaba entre el mal humor, el hastío y la bronca. La mañana había estado teñida de una nueva tanda de reuniones entre los alfiles de la oposición amigable y Martín Menem que había derivado, nuevamente, en un callejón sin salida. Ni la aparición de Guillermo Francos había logrado calmar los ánimos: los diputados de Hacemos Coalición Federal y el radicalismo ya no reconocían la autoridad del ministro del Interior y exigían que Luis Caputo levantara el teléfono. Las negociaciones estaban trabadas y, minutos antes de que sonara el timbre de comienzo de la sesión, los diputados cordobeses advertían: "No tienen los votos para aprobar delegaciones".

El problema era el alma del proyecto de ley ómnibus: la delegación de facultades en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, que habilitarían al presidente a poder intervenir sobre gran parte de la vida de los argentinos sin necesidad de pasar por el Congreso. El recinto era un caos, en una esquina Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, de HCF, conversaban y le mostraban algo en el celular a Karina Banfi (UCR). A unos metros, Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO) discutía con el cordobés, Ignacio García Aresca, principal alfil de Martín Llaryora, a quien habían dejado solo peleándose por la coparticipación del impuesto País. La amenaza del cordobesismo se instalaba con cada vez más fuerza: LLA no tenía el número para sus facultades extraordinarias.

El primer artículo del proyecto, que declaraba las emergencias, sin embargo, se aprobó con 134 votos afirmativos y 121 negativos. No había habido grandes sorpresas: los únicos votos en contra habían provenido de UxP, el FIT, los socialistas y algunos de los radicales díscolos (como Pablo Juliano y Facundo Manes). Las facultades delegadas por un año se votaron, también, sin grandes sorpresas. Pero faltaban las bases de la delegación que detallaban para qué serían utilizadas esas facultades y ahí comenzaron los problemas. Como un dominó, se fueron cayendo una por una, allanando el camino por un derrumbe que, con el correr de las horas, sería absoluto.

Sabiendo que había objeciones puntuales contra algunas delegaciones, el oficialismo habilitó el tratamiento por separado de cada uno de los incisos que se referían a las bases de la delegación. El mayor peligro era el inciso H, que habilitaba a Milei a transformar o eliminar los fondos fiduciarios que existen en el país. Entre estos fondos está el de Integración Socio Urbana o el de la Protección de Bosques Nativos, pero el que generaba mayor rechazo entre los gobernadores era el fondo que regulaba el subsidio al consumo de gas en "zonas frías". Fue así que los primeros incisos serían aprobados, pero, cuando fue el turno del H, la pantalla del recinto le puso número a la primera derrota del oficialismo: 112 votos a favor, 142 en contra. Allí estaban las objeciones de UxP y la izquierda, pero también las de todo Innovación Federal - bancada provincial que aglutinaba misioneros, salteños, rionegrinos -, la Coalición Cívica, y los cordobeses que responden a Llaryora.

Después de ese voto en contra, la votación en particular se caería a pedazos. Con 123 a favor y 130 contra, LLA perdería también las bases de las delegaciones en materia de seguridad y energía. Es decir que las vaciaban de contenido, quedaban solo a modo "simbólico". La objeción a la delegación energética --que incluía la apertura de la exportación de hidrocarburos o la "recomposición tarifaria"-- respondía a la oposición de varios legisladores a darle aquella facultad de Milei. Pero el voto en contra de la delegación de Seguridad era un mensaje político directo a Patricia Bullrich.

Después fue el turno del capítulo de Reorganización Administrativa, en el que la oposición le fue bochando en particular todas los incisos excepto uno: el que buscaba la profesionalización de la carrera administrativa. La intervención de organismos públicos o la privatización de empresas públicas habían quedado afuera. Frente al festival de votos en contra, en un momento, Miguel Ángel Pichetto le pidió a Menem que se pusieran serios y negociaran: "Les pedimos alguna flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de receptar alguna propuesta y ganar. Hay que ganar, no perder".

Llegó el momento crucial de votar el artículo 7, aquel que abordaba la privatización de empresas públicas, y fue entonces cuando el caos que se había gestado en las últimas horas se manifestó con toda su fuerza. El oficialismo se encontraba en una situación precaria, sin contar con los votos necesarios para garantizar la aprobación de las privatizaciones. A pesar de haber realizado algunas modificaciones al proyecto, el partido La Libertad Avanza se negaba a reducir el listado de empresas sujetas a privatización, tal como solicitaba Hacemos Coalición Federal, y a incluir mayores aspectos de transparencia en el proceso, como exigía la Unión Cívica Radical.

Además, sectores del radicalismo demandaban que la privatización de cada empresa fuera sometida obligatoriamente a la aprobación del Congreso. Las amenazas de una docena de votos radicales en contra, sumadas a las de otros bloques como el de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos representantes provinciales, ponían en serio riesgo la viabilidad de las privatizaciones.

Los diputados de la oposición llevaban días acumulando frustración. A los enfrentamientos y amenazas del Presidente se sumaba ahora una nueva afrenta: la posible intervención de los medios públicos. "¿Para qué quiere el gobierno estas facultades si luego planea usar decretos de necesidad y urgencia? ¿Y acaso esa será su intención también con los medios? ¿Intervenirlos para despedir personal?", cuestionaba un dirigente radical. En este clima enrarecido, y conforme se iban rechazando más y más artículos, fue Miguel Ángel Pichetto quien lanzó un último intento para salvar la situación: solicitó un receso antes de la votación para intentar llegar a un consenso.

Durante media hora, se llevaron a cabo intensas reuniones entre distintos representantes políticos con el fin de buscar una solución al impasse. Sin embargo, la Casa Rosada no presentó alternativas concretas, sino que ratificó una amenaza que ya había sido lanzada días atrás por Santiago Caputo: si los principales artículos no eran aprobados, retirarían el proyecto de ley. Finalmente, el bloque de La Libertad Avanza, liderado por Oscar Zago, decidió devolver el proyecto a comisiones.

Aunque esta decisión contaba con un respaldo legal según el artículo 155 del reglamento, la derrota de La Libertad Avanza era innegable y desalentadora. El desconcierto reinaba en el recinto y, a pesar de los esfuerzos de algunos libertarios por mantener la esperanza de que el debate continuaría, el ambiente era de derrota: casi nadie creía que el tema del proyecto de ley ómnibus fuera a ser retomado en el corto plazo.

Fuente: pagina12.com.ar