Después de revocar las leyes de Góndolas, de Abastecimiento y de Compre Argentino mediante el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el gobierno encabezado por Javier Milei continúa desmantelando la regulación estatal. En esta ocasión, la Secretaría de Comercio derogó otras 69 normativas argumentando que "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

Esta medida, anunciada a través de la resolución 51/24 publicada en el Boletín Oficial, se alinea con la decisión oficial de otorgar mayor libertad a las principales corporaciones del mercado para tomar acciones en beneficio de sus intereses, en detrimento de la sociedad en un momento en que la fuerte subida del dólar oficial ha generado una ola sin precedentes de aumentos de precios, no vista desde la hiperinflación de 1990.

Entre las normativas revocadas se encuentra el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SiFIRE), que obligaba a informar sobre etiquetas y rótulos de nuevos productos para prevenir confusiones en los consumidores. También se eliminó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), un régimen de información de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios establecido durante la administración anterior.

Además, se derogaron normativas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que supervisaban su cumplimiento. Aunque estas leyes podrían ser restablecidas si el DNU 70/23 es revocado, al derogar las normas complementarias, el gobierno asegura que no serán aplicadas independientemente del destino del DNU.

Se eliminaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, y se derogaron normas complementarias del programa Precios Justos. El gobierno argumentó que estas herramientas distorsionaban el sistema de precios, especialmente en alimentos y bebidas.

Se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, justificándolo con el impulso a políticas de federalismo real lideradas por gobiernos provinciales, aunque no se evidencia coordinación con estas jurisdicciones para garantizar la continuidad de dicha política.

En el marco de las "políticas de simplificación" promovidas por la Secretaría de Comercio, se eliminaron normas relacionadas con la intervención en la información de cuotas de colegios y universidades privadas, la obligación de frigoríficos de informar semanalmente precios y cantidades vendidas, y un régimen de tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores.

Pablo Lavigne, al frente de la Secretaría de Comercio, explicó que estas medidas buscan simplificar el comercio, desburocratizar la gestión estatal y evitar pérdidas de tiempo y recursos tanto para ciudadanos como empresas. Añadió que estas derogaciones son resultado de una primera etapa de revisión, anticipando la implementación de otras medidas.