La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, participaron de la mesa de Apertura “Liderazgos políticos en tiempos adversos: Los desafíos de gobernar la pandemia”, del V Congreso Estado y Políticas Públicas. La actividad, organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad Metropolitana (UMET), fue coordinada por la rectora de la UMET, Cecilia Cross.

Para comenzar su intervención, Gómez Alcorta hizo referencia a los desafíos pendientes en materia de igualdad: “Aún con todos los pasos y con todas las ampliaciones en normas que tenemos en materia de mujeres, géneros y diversidad, seguimos teniendo una enorme dificultad para lograr la efectiva igualdad de oportunidades en estos ámbitos”, aseguró.

Además, compartió cifras de la participación de mujeres y personas LGBTI+ en espacios de poder: “De las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, en solo dos son gobernadoras las mujeres. Cuando pensamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cinco integrantes hay una sola mujer y la presidencia es masculina; en el Poder Judicial Federal, hay un 80 por ciento de varones en los cargos altos. Si bien hay un aumento en los cargos más altos en el gabinete Nacional, ocupamos el 37,5% de los cargos más altos, pero todavía representamos mucho menos que la mitad de ellos. Y en el Gabinete Nacional tenemos una única funcionaria travesti”.

En relación a los espacios de decisión que actualmente ocupan las mujeres, consideró que “siempre tuvimos que dar dos batallas en simultáneo. Una hacia afuera, contra determinados sectores de poder, y otra hacia adentro, desde nuestros lugares específicos de trabajo, de militancia y de gestión”.

Posteriormente, se refirió a la forma en que personas que no son varones cis ocupan esos espacios de poder. “Estamos frente a un segundo desafío para quienes ocupamos los lugares de decisión. No se trata solo de acceder, sino de cómo es nuestra inclusión en esos espacios, cómo los construímos y cómo los habitamos. Tiene que ver con no habitar esos lugares con las lógicas que son las conocidas, en los límites de lo posible”, consideró.

Además, se refirió a la responsabilidad de quienes ya ocupan roles y espacios de poder: “Tenemos que mejorar y modificar esas lógicas que nos impiden y obstaculizan el acceso a determinados lugares, que nos ponen techos y paredes de cristal. Y tenemos que hacer un ejercicio crítico de pensar quiénes todavía están quedando afuera. El desafío no es solo ocupar los lugares, sino cambiar la forma en que se ejerce la función pública”.

En relación con los desafíos de la gestión en el marco de la pandemia, Gómez Alcorta explicó: “Cuando se dicta el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, lo primero que aparece es la agudización de las situaciones de violencia por el tránsito de la vida pública hacia la vida privada”. Y, sobre la respuesta que se implementa desde el MMGyD a esta situación, agregó: “Tuvimos que poder trabajar en dos velocidades. Actuar sobre la emergencia y, a la vez, buscar desarmar relaciones de poder que reproducen violencia".

Por su parte, Castellani cuestionó el rol que el gobierno anterior le dio a los y las trabajadoras del Estado. Además, en relación a los desafíos de su cartera, comentó: “Reincorporar la idea de que hay un horizonte y hay un por qué de lo que estamos haciendo implica una disputa permanente con el sentido común instalado”.

En relación a la capacidad del Estado para dar respuestas, Castellani aseguró que “tenemos todo para hacer un cambio sustantivo y para mejorar la accesibilidad a la ciudadanía a todos los bienes y servicios públicos que tiene el Estado”.

Por último, Frederic se refirió al rol de las Fuerzas de Seguridad en el contexto de la pandemia. “Al ser protagonistas del control directo sobre la circulación, las Fuerzas se convirtieron en cuidadores de la población. Ese lugar de protectores y garantes del cuidado es algo que quisimos y queremos sostener pensando en la prevención de la violencia institucional y en la puesta en valor de la protección a la población, no sólo ante la emergencia sanitaria, sino también ante el delito”.