La represión policial desplegada durante la masiva movilización en las inmediaciones del Congreso dejó un saldo de más de 500 personas heridas o afectadas y al menos siete detenidos, de acuerdo con los relevamientos difundidos por organismos de derechos humanos y organizaciones contra la violencia institucional.

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria, unas 550 personas resultaron afectadas por el impacto de más de 120 granadas de gas lacrimógeno, centenares de disparos con postas de goma y proyectiles químicos Byrna. El operativo incluyó además la intervención de dos camiones hidrantes de la fuerza de seguridad, que realizaron más de tres cargas cada uno.

La propia CPM denunció que 16 integrantes de su equipo de monitoreo recibieron impactos de postas de goma y gases químicos mientras realizaban tareas de observación y registro de los procedimientos. La organización había desplegado personal en la zona para documentar posibles vulneraciones de derechos durante la movilización.

En relación con las detenciones, se informó que cinco adultos fueron arrestados e imputados por el delito de resistencia a la autoridad. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional confirmó además la detención de dos adolescentes de 14 años, estudiantes del colegio Avellaneda, quienes posteriormente fueron liberados. También fue demorado otro menor de 17 años.

La cantidad exacta de personas privadas de su libertad fue motivo de distintas versiones durante la jornada. Mientras algunos medios de comunicación mencionaron seis detenciones en las inmediaciones del Congreso, desde Correpi señalaron que, al cierre de la edición, no contaban con información sobre otros arrestos que hubieran sido formalmente convalidados.

Entre las personas heridas se encuentra Laura Quispe, trabajadora de prensa de Telesisa, un medio de comunicación originario, quien recibió siete impactos de balas antitumulto en la zona de la cadera y la cintura. La cronista debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica.

La represión también alcanzó a otros trabajadores de prensa que cubrían la movilización. El fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski recibió un disparo de bala de goma en el pecho mientras realizaba su tarea en las inmediaciones del Congreso.

Las denuncias por agresiones contra periodistas y equipos de monitoreo se sumaron a los cuestionamientos por el uso de gases y proyectiles contra una concentración multitudinaria. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones gremiales reclamaron que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad y que se determine la responsabilidad de los funcionarios a cargo del operativo.

El despliegue policial se produjo durante la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales en defensa de la educación pública. La concentración también incorporó reclamos vinculados con la soberanía, la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y el rechazo a distintas políticas del Gobierno nacional.

La jornada terminó con el acto central interrumpido antes de lo previsto debido a la presencia de gases lacrimógenos en la zona del escenario. En ese momento, la Plaza Congreso y las calles aledañas permanecían colmadas de manifestantes, mientras los equipos de salud atendían a personas afectadas por los gases, los golpes y los impactos de postas de goma.

El saldo de heridos, las detenciones y las agresiones denunciadas contra periodistas y observadores volvieron a colocar en el centro de la escena el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones. Las organizaciones que participaron del monitoreo sostuvieron que la respuesta policial resultó desproporcionada frente a una protesta que, en su mayoría, se desarrollaba de manera pacífica.