La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de una resolución que obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de las becas estudiantiles. El juez federal Martín Cormick decidió aplicar una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras la Casa Rosada anunció que apelará la medida y continuará demorando su cumplimiento.

La decisión judicial se conoció antes de una nueva movilización en defensa de la educación pública, convocada para este jueves por universidades, centros de estudiantes y organizaciones gremiales. La protesta será la quinta marcha contra el desfinanciamiento del sistema universitario y reunirá también reclamos de otros sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional.

El conflicto se originó con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso en agosto del año pasado. El presidente Milei vetó la norma mediante el decreto 647, pero el Poder Legislativo reunió la mayoría necesaria para insistir con su aprobación y dejó firme la obligación de cumplirla.

En lugar de promulgarla y aplicarla, el Gobierno firmó posteriormente el decreto 759, mediante el cual estableció que la ley no comenzaría a regir hasta que se determinara de dónde surgirían los fondos para financiar las partidas. Para el juez Cormick, ese mecanismo fue utilizado para evitar el cumplimiento de una decisión adoptada por el Congreso.

El martes pasado, a partir de una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, el magistrado declaró la inconstitucionalidad del decreto 759. En su resolución, sostuvo que el Gobierno había diseñado un procedimiento por fuera de la Constitución para no acatar la ley de financiamiento universitario.

La disputa judicial comenzó un año atrás. En diciembre, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenaba al Gobierno actualizar los salarios del personal docente y no docente y las becas estudiantiles. La administración nacional apeló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión.

El expediente llegó luego a la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó primero las recusaciones presentadas por el Poder Ejecutivo contra los jueces que intervenían en la causa y que tenían vínculos con la docencia universitaria, incluidos los tres integrantes de la Corte. Más tarde, los supremos también rechazaron los planteos del Gobierno contra la medida cautelar.

Una vez que la resolución quedó firme, el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con las universidades para otorgar una recomposición salarial del 24,33 por ciento. El incremento contemplaba una suba del 21,33 por ciento en junio y otro tres por ciento en octubre, y buscaba compensar el desfasaje acumulado durante 2025 y actualizar los ingresos hasta mayo de este año.

Sin embargo, el entendimiento no resolvía la totalidad del reclamo. Las universidades también exigían discutir la pérdida acumulada desde 2024, especialmente significativa después de la devaluación aplicada al comienzo de la gestión de Milei. Las negociaciones volvieron a trabarse y el Gobierno intentó que Cormick dejara sin efecto la cautelar, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaba que se ejecutara.

El juez intimó en dos oportunidades al Ejecutivo para que cumpliera con la actualización salarial, el 22 y el 30 de septiembre. En ambas ocasiones advirtió que aplicaría sanciones económicas por la demora, pero el Gobierno no concretó el pago ordenado.

El viernes pasado, Cormick concedió la apelación presentada por la administración nacional contra el fallo de fondo que había declarado inconstitucional el decreto 759. Sin embargo, aclaró que la apelación no impedía continuar con la ejecución de la medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas.

El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó que se hiciera efectiva la advertencia y que se aplicaran multas progresivas por cada día de incumplimiento. El juez hizo lugar al pedido y estableció las astreintes contra el funcionario titular de la Jefatura de Gabinete, en función de las atribuciones que le otorgan la Constitución Nacional y la Ley 27.798.

En una primera etapa, la multa será de 100 mil pesos por cada día de demora. El magistrado también advirtió que podrá modificar el monto y ampliar la lista de funcionarios alcanzados por la sanción si el incumplimiento continúa.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que las astreintes son sanciones económicas destinadas a obligar a una persona a cumplir una resolución judicial. Su objetivo principal no es castigar ni indemnizar, sino superar la resistencia de quien desobedece una orden y garantizar que la decisión de la Justicia tenga efecto concreto.

Desde el Gobierno ya anticiparon que apelarán la decisión de Cormick. La estrategia oficial vuelve a postergar la actualización de los salarios universitarios, mientras los sindicatos reclaman una recomposición del 34 por ciento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El Consejo Interuniversitario Nacional valoró la resolución porque la multa no fue dirigida de manera genérica contra el Estado, sino contra una autoridad con responsabilidad directa en la administración general. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, consideró que se trata de un paso importante, aunque advirtió que el proceso judicial todavía continúa.

En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el ahogo financiero de las universidades. Solano sostuvo que el Presidente pretende gobernar mediante decretos, desconocer las leyes aprobadas por el Congreso y desobedecer los fallos judiciales cuando afectan los intereses de su administración.

La marcha convocada para este jueves comenzará a concentrarse desde las 10.30 en la zona del Congreso. Participarán centros de estudiantes, gremios universitarios y organizaciones que reclaman contra el desfinanciamiento de las universidades. También confluirán sectores de personas con discapacidad, jubilados y agrupaciones que se movilizan en defensa de la soberanía y contra la entrega de activos públicos.

El oficialismo respondió con ataques contra el juez Cormick en las redes sociales. Referentes cercanos al Gobierno intentaron presentarlo como un magistrado vinculado con La Cámpora y lo calificaron de “juez K”. El magistrado ya había sido cuestionado por sectores libertarios cuando declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, la medida cautelar que el Gobierno se niega a cumplir fue confirmada por tribunales superiores. Entre quienes ratificaron las decisiones se encuentra el camarista Sergio Fernández, uno de los jueces que había sido invitado por el Gobierno a participar de una gira por Francia destinada a atraer inversiones. La Corte Suprema también confirmó las resoluciones, pese a que sus integrantes no suelen adoptar posiciones abiertamente enfrentadas con la administración nacional.

El conflicto dejó expuesta una disputa institucional que excede la discusión salarial. El Gobierno sancionó una ley aprobada por el Congreso, creó un mecanismo para postergar su aplicación y ahora busca demorar mediante apelaciones el cumplimiento de una orden judicial firme. Mientras tanto, las universidades continúan funcionando con presupuestos deteriorados, los trabajadores reclaman una recomposición y las becas pierden capacidad de sostener a los estudiantes.

La multa impuesta a Santilli representa una nueva advertencia de la Justicia frente a la decisión del Ejecutivo de incumplir la ley y prolongar el conflicto. Este jueves, las calles volverán a expresar el reclamo de la comunidad universitaria contra una política que, según denuncian estudiantes, docentes y autoridades, busca debilitar la educación pública y poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones de enseñanza superior.