La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a convertir las calles del centro porteño en el escenario de un amplio reclamo en defensa de la educación pública. La movilización, que tuvo réplicas en distintas provincias, reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, organizaciones sociales y sectores políticos bajo una consigna común: “Por la educación, la soberanía y la democracia”.

La jornada estuvo atravesada por una fuerte tensión frente al Congreso, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad. La manifestación, que se desarrollaba con una masiva participación y sin incidentes generalizados, fue afectada durante varias horas por gases lacrimógenos, carros hidrantes, la intervención de efectivos motorizados y disparos de balas de goma. La represión provocó heridos y obligó a interrumpir antes de lo previsto el acto central, incluso cuando la Plaza Congreso y sus alrededores permanecían ocupados por manifestantes.

La marcha excedió el reclamo estrictamente universitario y funcionó como punto de encuentro para distintos sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional. En las columnas y en el escenario confluyeron representantes de organizaciones de personas con discapacidad, jubilados, trabajadores endeudados, sindicatos, agrupaciones políticas y entidades que cuestionan las políticas oficiales sobre soberanía y tierras. También participaron excombatientes de Malvinas nucleados en el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata.

El documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y las principales federaciones gremiales docentes y no docentes cuestionó el incumplimiento de leyes y fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo. Las entidades advirtieron que esa conducta expresa, según señalaron, una intención de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia y de desplazar funciones propias del Congreso.

El texto también reclamó la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al considerar que anuló leyes aprobadas por el Congreso y estableció nuevas disposiciones sin el debate parlamentario correspondiente. La lectura del documento se produjo mientras, en el interior del Palacio Legislativo, una sesión fracasaba por falta de quórum.

La comunidad universitaria volvió a poner el foco en la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y aún incumplida por el Poder Ejecutivo, pese a los fallos judiciales que ordenaron su aplicación. Los representantes del sistema universitario sostuvieron que la falta de actualización presupuestaria afecta no sólo el funcionamiento de las casas de estudios, sino también la investigación científica, la formación profesional y el desarrollo de la salud pública.

“Es emocionante ver a tantas personas apoyando a las universidades nacionales, defendiendo nuestro futuro y el de todas y todos los argentinos”, expresó el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, durante el acto. Luego tomaron la palabra el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el vicepresidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres.

Los referentes universitarios destacaron que se trata del tercer año consecutivo en el que la comunidad educativa se moviliza para defender la educación superior, la ciencia y la salud públicas. También señalaron que la universidad pública constituye una herramienta de inclusión, movilidad social y construcción de soberanía nacional.

“Estamos ante un gobierno que no respeta la ley ni acata los fallos judiciales”, plantearon durante el acto. En ese sentido, advirtieron que las políticas oficiales ponen en riesgo el conocimiento, la investigación y la formación de las nuevas generaciones, y cuestionaron el proyecto de país que, según afirmaron, reserva las oportunidades para una minoría.

La ceremonia debió finalizar de manera anticipada cuando los gases lacrimógenos alcanzaron el escenario y afectaron a rectores y representantes de universidades de todo el país. Desde el lugar, el dirigente de la Federación Universitaria Argentina Joaquín Carvalho sostuvo que, pese a la represión, la universidad pública continuará existiendo y que la comunidad educativa mantendrá su compromiso con el derecho a decidir el propio futuro.

“Están en contra de la democracia y nosotros somos la democracia; somos la universidad pública”, afirmó al cerrar el acto, en medio de la presencia de gases en los alrededores del Congreso.

Los centros de estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Psicología de la UBA denunciaron que fue la primera Marcha Federal Universitaria en la que el Gobierno reprimió a estudiantes. También cuestionaron la judicialización de jóvenes que habían participado de una sentada pacífica en el Palacio Sarmiento, una semana antes.

Desde las organizaciones estudiantiles y sindicales rechazaron la caracterización de la jornada como un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Según señalaron, los episodios de violencia estuvieron limitados a un grupo reducido de personas encapuchadas que arrojó piedras, mientras que la mayoría de los participantes intentó identificarlas y apartarlas. En contraste, denunciaron que las fuerzas de seguridad actuaron durante horas frente a una concentración mayoritariamente pacífica.

El operativo comenzó temprano, con carros hidrantes y un uso intenso de gases lacrimógenos. La lluvia intermitente agravó sus efectos sobre la piel y las vías respiratorias. Más tarde se sumaron efectivos motorizados y disparos de balas de goma. Durante la tarde circuló un video en el que se observa a una joven recibir varios impactos por la espalda; la mujer fue atendida, junto con otras personas heridas, en el Hospital Ramos Mejía.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo en redes sociales que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”. Su publicación estuvo acompañada por imágenes de personas encapuchadas, cuya presencia fue utilizada por el Gobierno para justificar el despliegue policial.

Mientras el presidente brindaba en Washington una conferencia ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Buenos Aires comenzaban a concentrarse las primeras columnas de estudiantes y trabajadores. El operativo policial ya se encontraba desplegado en las inmediaciones del Congreso, al tiempo que en distintas ciudades del país se realizaban movilizaciones en respaldo de las universidades nacionales.

Las agrupaciones estudiantiles partieron desde sus respectivas facultades y desde Plaza Houssay. A esas columnas se sumaron sindicatos docentes y no docentes, centros de estudiantes secundarios agrupados en el Cecap, organizaciones sociales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Confederación General del Trabajo, Camioneros y distintos espacios políticos.

La movilización también contó con la participación de sectores de La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y sectores de la Unión Cívica Radical. La bandera principal, con la consigna “En defensa de la universidad pública y la democracia”, avanzó por la avenida de Mayo portada por rectores, dirigentes gremiales y representantes estudiantiles. Entre quienes acompañaron la marcha estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lápices, cuadernos, guardapolvos blancos de trabajadores de hospitales universitarios y carteles en defensa de la educación pública fueron algunos de los símbolos que marcaron la jornada. También se observó la figura identificatoria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, utilizada por los manifestantes para expresar su respaldo a la ciencia y al sistema de investigación.

La tormenta y la represión no impidieron que miles de personas permanecieran en las inmediaciones del Congreso. La marcha dejó así una imagen de fuerte confrontación entre un reclamo universitario que logró sumar demandas de diversos sectores y una respuesta oficial basada en un operativo de seguridad que terminó condicionando el acto central y profundizando el conflicto político alrededor del financiamiento de la educación pública.