El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru, acusado de liderar una "organización criminal destinada a proteger el narcoterrorismo". Dos días antes, Estados Unidos le había revocado la visa por presuntos "sobornos para facilitar el narcotráfico". La secuencia completa, en menos de 72 horas, revela un patrón: la acusación de narcoterrorismo no fue el motivo de la operación, sino su cobertura.

El caso Cerimedo fue el detonante. La ex pareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, Nadia Beller, lo denunció por tentativa de feminicidio. La Fiscalía de Mariaca amplió la investigación hacia presuntos vínculos con el narcotráfico. Mariaca declaró públicamente que "no retrocederé ni un centímetro" en esas investigaciones. Dos días después, fue aprehendido junto a otras 13 personas, con allanamientos simultáneos en las fiscalías de La Paz, Sucre y Santa Cruz.

"El fiscal no retrocede ante el retiro de la visa. Ahí se estructura una metodología en lógica trampista", analiza la politóloga boliviana Susana Bejarano. "Yo creo que hay una deriva autoritaria: el gobierno renuncia a seguir los caminos institucionales porque todo lo que está pasando hoy en Bolivia podía haber sucedido por vías institucionales".

Hasta la fecha, las autoridades bolivianas no han presentado las pruebas documentales que sustenten la acusación de "organización criminal" o "narcoterrorismo". Bejarano lo confirma: "No hay pruebas documentales que nos puedan servir para decir por esta razón se ha aprehendido al fiscal general. No tienes una prueba con peritaje oficial, no tienes una fiscalía o un juzgado que haya validado ninguna de estas pruebas, si es que existen".

La propia Nadia Beller, denunciante de Cerimedo, cuestionó el rol de Washington: "¿Es la lucha del Escudo de las Américas la que protege a Cerimedo?". El secretario de Estado Marco Rubio, en cambio, vinculó explícitamente la detención con el Escudo, afirmando que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario".

Según Bejarano, hay tres razones detrás de la intervención. Primero, el desprestigio de una metodología: "Cerimedo llega a desprestigiar todo este giro a la derecha. Da cuenta de cuáles han sido las metodologías para hacer de estos sujetos impresentables todos presidentes".

Segundo, los intereses económicos. Hay una investigación en curso sobre la importación de "gasolina basura" que Bolivia habría comprado a precio internacional y vendido como de primera calidad. La investigación involucra a miembros cercanos del gobierno de Rodrigo Paz y a la ex esposa de Cerimedo, Natalia Basil.

Tercero, Bolivia como eslabón débil del Escudo de las Américas. "Bolivia es el país más izquierdizado de la región. Una unidad en la izquierda fácilmente te lleva a un triunfo electoral, y perder a Bolivia significa generarte un hueco. En esta mirada gamonal que tiene Donald Trump de la región, nadie se le puede escapar. Nos tiene que disciplinar".

Los medios que informaron sobre la detención omitieron sistemáticamente la relación con Cerimedo, presentando el hecho como una acción legítima contra el narcotráfico. Medios como Unitel, El Deber y Jornada centraron sus coberturas en los delitos de "organización criminal" y los vínculos con Sebastián Marset, sin contextualizar que Mariaca era el fiscal que investigaba al consultor argentino.

La secuencia completa revela un patrón: un fiscal que investigaba a un operador político vinculado a intereses externos fue acusado de "narcoterrorismo", sancionado por Washington, detenido por el Gobierno local y presentado por medios afines como un capo judicial, todo en menos de 72 horas y con el Escudo de las Américas como marco legitimador. La pregunta que queda sobre la mesa es la misma que se hace la sociedad boliviana: ¿qué va a pasar con la investigación de Cerimedo? Porque si el fiscal que la llevaba adelante está detenido, y las fiscalías fueron allanadas, y el material puede haber desaparecido, entonces la operación habrá cumplido su objetivo.

Por Sandra Sosa.

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