La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos capítulos en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, avanzaron con su adhesión al régimen simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno nacional, la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar si el crecimiento patrimonial registrado desde su llegada a la función pública tiene justificación legal.

La decisión de incorporarse al nuevo esquema fiscal reavivó el debate sobre el alcance de la denominada “inocencia fiscal”, una herramienta promovida por la administración nacional para simplificar la declaración de ingresos y bienes ante los organismos tributarios.

Según trascendió, Angeletti fue la primera en adherir al régimen a fines de mayo, mientras que Adorni completó el trámite días después. La medida fue adoptada en paralelo al avance de la causa judicial que investiga la evolución de su patrimonio y que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

El nuevo sistema permite una presentación simplificada de las declaraciones fiscales y reduce las exigencias informativas para determinados contribuyentes. Sin embargo, especialistas señalan que esa adhesión no tiene efectos sobre una eventual investigación penal por enriquecimiento ilícito, delito que se analiza en un ámbito completamente distinto al tributario.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la elaboración de un requerimiento formal para que el funcionario explique el origen de bienes, inversiones y gastos registrados durante los últimos años. Se trata de un paso habitual en este tipo de expedientes, donde la persona investigada debe justificar la evolución de su patrimonio.

La investigación pone bajo análisis distintas operaciones inmobiliarias, refacciones de propiedades, movimientos financieros, gastos con tarjetas de crédito, viajes y eventuales tenencias de criptomonedas. Parte de esa información surgió de declaraciones incorporadas al expediente y de documentación reunida por los investigadores.

Entre los elementos que se encuentran bajo estudio figuran la adquisición y remodelación de inmuebles, gastos personales y operaciones económicas que, según la acusación, deberían guardar relación con los ingresos declarados por el funcionario.

La causa también mantiene la atención puesta sobre la próxima presentación de la declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, documento que podría aportar nuevos datos sobre la composición de los bienes del jefe de Gabinete y su grupo familiar.

Desde el entorno de Adorni sostienen que la adhesión al régimen simplificado responde únicamente a una decisión administrativa destinada a agilizar trámites fiscales y rechazan cualquier vínculo con la investigación judicial. Además, remarcan que el sistema fue diseñado para facilitar la presentación de declaraciones tributarias y no constituye un mecanismo de blanqueo de capitales.

No obstante, en ámbitos judiciales consideran que la incorporación al nuevo régimen no altera el curso de la investigación. La fiscalía continúa avanzando con las medidas de prueba y busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el importante incremento patrimonial atribuido al funcionario desde su desembarco en el Gobierno nacional.

Mientras tanto, la expectativa se concentra en los próximos movimientos de la causa y en la información que pueda surgir tanto de la declaración jurada pendiente como de las explicaciones que eventualmente deberá brindar el jefe de Gabinete ante la Justicia.