La fiscalía federal de Mendoza pidió elevar a juicio oral la causa que tiene a 34 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilegal de armas hacia Chile, en una investigación que además detectó conexiones con Brasil y presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz, responsable del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, luego de considerar concluida una investigación que se extendió durante más de dos años y permitió reunir pruebas suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Según la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 y estaba integrada por ciudadanos argentinos y chilenos. La estructura criminal habría tenido dos líderes radicados en Chile, encargados de definir la adquisición del armamento y establecer las rutas utilizadas para concretar las maniobras.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, otro grupo de integrantes tenía la tarea de coordinar la logística en territorio argentino. Esa red se encargaba de trasladar el material y facilitar el cruce clandestino hacia el país vecino.

La investigación sostuvo que el circuito comenzaba con viajes a Brasil, donde se adquirían las armas. Posteriormente, el armamento ingresaba de manera irregular a Argentina, principalmente a través de la provincia de Buenos Aires, y luego era trasladado hasta Mendoza para cruzarlo hacia Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Las armas eran ocultadas dentro de cabinas de camiones de carga internacional y trasladadas bajo distintas modalidades para evitar los controles fronterizos.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en abril de 2022, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron a uno de los acusados sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento mendocino de La Paz. El hombre viajaba en un colectivo de larga distancia y transportaba once armas y dieciocho cargadores ocultos entre su equipaje.

El análisis posterior de su teléfono celular permitió reconstruir comunicaciones con otros integrantes de la organización e identificar un viaje previo a la frontera brasileña para concretar compras de armamento.

Dos semanas después, otro procedimiento permitió detener a un camionero en Uspallata que transportaba hacia Chile once armas, siete cargadores y más de dos mil municiones escondidas dentro de la cabina del vehículo. Según la investigación, el transporte simulaba llevar una carga de azúcar para disimular la maniobra.

El tercer caso destacado se produjo hacia fines del año siguiente, cuando dos ciudadanos chilenos fueron detenidos sobre la Ruta Nacional 38, en Tucumán. Los investigadores encontraron ocho pistolas y cinco cargadores ocultos entre ropa y equipaje dentro de un colectivo de pasajeros.

La causa también incorporó elementos vinculados al narcotráfico. Durante allanamientos realizados en distintos domicilios del departamento mendocino de Maipú se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de balanzas y registros de ventas.

Para el Ministerio Público Fiscal, parte de la estructura criminal utilizaba la misma red logística del tráfico de armas para desarrollar operaciones de comercialización de estupefacientes. Por ese motivo, algunos acusados enfrentan cargos adicionales por infracción a la ley de drogas, además de delitos como asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegítima.

La investigación reunió además escuchas telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros y tareas de seguimiento. También incluyó cooperación internacional con autoridades chilenas.

En ese marco, el fiscal Alcaraz afirmó que el material obtenido permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal” y establecer el grado de participación de cada uno de los acusados.

El operativo más amplio se realizó el 23 de mayo de 2024 con allanamientos simultáneos en más de treinta domicilios ubicados en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile. Las tareas fueron coordinadas junto al fiscal chileno Ricardo Reinoso Varas, de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En los procedimientos participaron efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina, quienes secuestraron armas, teléfonos celulares, documentación y distintos elementos considerados relevantes para la causa.

Actualmente, los treinta y cuatro acusados permanecen bajo distintas modalidades de prisión preventiva mientras aguardan la definición de la fecha de inicio del juicio oral.