Este martes 19 de mayo, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación regularizar el pago de prestaciones para personas con discapacidad en un plazo máximo de 72 horas. La medida cautelar fue dictada en el marco de un amparo colectivo impulsado por el colectivo Defendamos Córdoba, en defensa de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y titulares de pensiones no contributivas cuyos tratamientos quedaron en riesgo por la falta de transferencia de fondos. En los fundamentos, el magistrado estableció que las demoras reiteradas configuran un riesgo inminente para personas que dependen de esos recursos para sostener tratamientos que no pueden interrumpirse.

Un problema nacional que golpea al conurbano. El desfinanciamiento del sistema de discapacidad no es nuevo ni exclusivo de Córdoba. Desde marzo de 2026, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad viene denunciando que los pagos de Incluir Salud y PAMI registran demoras inadmisibles, con el último pago efectivo correspondiente a noviembre de 2025. En el conurbano bonaerense -y en La Matanza en particular, uno de los distritos con mayor concentración de beneficiarios del CUD del país- esta situación se traduce en centros terapéuticos que no pueden pagar sueldos, familias que ven interrumpidos tratamientos esenciales y cuidadores que trabajan sin garantías. La abogada Marta Lastra, impulsora del amparo, fue categórica: 'Hay un ataque por parte del Poder Ejecutivo hacia la discapacidad.'

Desde la presidencia de la UCR La Matanza celebramos este fallo como una victoria del Estado de derecho frente a la desidia del Ejecutivo nacional. Al mismo tiempo, advertimos que una medida cautelar no alcanza para resolver un problema estructural: el gobierno de Milei debe cumplir de manera inmediata y permanente con la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y con la Ley 24.901, que garantiza las prestaciones básicas. Alfonsín nos enseñó que el primer test de una democracia genuina es cómo trata a los más vulnerables. Un Estado que abandona a sus ciudadanos con discapacidad no merece llamarse Estado social. Exigimos presupuesto, cumplimiento de la ley y respeto a la Justicia.

Presidencia UCR La Matanza

Mayo de 2026

"Una sociedad que no cuida a sus más débiles no puede llamarse justa, y sin justicia no hay