Miles de manifestantes provenientes de distintos puntos de Bolivia llegaron este lunes a la ciudad de La Paz para participar de una masiva movilización contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en el marco de una huelga general impulsada por organizaciones sociales, campesinas y sindicales que reclaman cambios urgentes frente a la profunda crisis económica que atraviesa el país.

La marcha, integrada por activistas sociales, pueblos originarios, trabajadores, mineros y sectores campesinos, avanzó desde el altiplano hacia el centro político boliviano con el objetivo de llegar a Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Sin embargo, el intento de ingreso derivó en fuertes incidentes con las fuerzas de seguridad.

Según reportaron medios locales y agencias internacionales, grupos de manifestantes arrojaron piedras y explosivos de fabricación casera, mientras efectivos antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la concentración. Los enfrentamientos se extendieron durante varias horas en distintos sectores cercanos a la sede gubernamental.

Las protestas se producen apenas seis meses después de la llegada de Paz al poder y exponen el creciente malestar social por las medidas económicas implementadas por el Gobierno. Diversos sectores cuestionan especialmente las políticas de ajuste y exigen respuestas ante el aumento del costo de vida y la escasez de combustibles y productos básicos.

Durante la movilización se escucharon consignas como “Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, reflejando el nivel de tensión social que atraviesa el país. Uno de los manifestantes, identificado como Iván Alarcón, un productor rural aimara, expresó: “Queremos que renuncie. Bolivia está viviendo un momento de caos”.

En paralelo, una segunda columna de manifestantes vinculada al expresidente Evo Morales también llegó a La Paz luego de caminar durante siete días desde Caracollo, en el departamento de Oruro. A través de sus redes sociales, Morales celebró la convocatoria y destacó la magnitud de la movilización.

La situación escaló aún más luego de que la Fiscalía ordenara la detención de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, junto a otros dirigentes sindicales, bajo acusaciones por presuntos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”. Desde los sindicatos denunciaron una persecución judicial y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.

Las autoridades informaron además que durante los disturbios hubo al menos 95 personas detenidas y que un vehículo policial fue incendiado. También reportaron varios heridos producto de los enfrentamientos.

La crisis social ya dejó víctimas fatales. El Gobierno confirmó una cuarta muerte vinculada al conflicto, ocurrida durante los bloqueos de rutas que desde hace casi dos semanas afectan distintos accesos a La Paz y El Alto. En días anteriores ya se habían registrado otras víctimas relacionadas con la crisis y las dificultades para acceder a atención médica.

Desde el Gobierno también aseguraron haber identificado grupos armados infiltrados en las protestas y apuntaron contra sectores vinculados a Morales. El exmandatario respondió mediante redes sociales y denunció supuestas operaciones políticas y extranjeras para desestabilizar al país.

En medio de la creciente conflictividad, sectores empresariales y dirigentes de la región de Santa Cruz reclamaron declarar un “estado de excepción sectorizado” para contener los disturbios y garantizar el orden institucional.

Bolivia atraviesa actualmente una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas. La escasez de dólares, la eliminación de subsidios a los combustibles y una inflación en ascenso profundizaron un escenario social complejo que ahora se trasladó con fuerza a las calles.